Santa Fe lleva a la Justicia casos graves de desvío de asistencia en comedores populares
El Gobierno de Santa Fe ha decidido llevar a la Justicia una serie de irregularidades detectadas en una docena de comedores y merenderos que reciben asistencia financiera estatal. Estos casos se destacan por sus posibles implicaciones penales, incluyendo direcciones falsas y usurpación de identidad en las tarjetas bancarias utilizadas para la compra de alimentos. Esta medida surge a partir de una auditoría permanente sobre la ayuda y los beneficiarios iniciada al inicio de la gestión provincial de Maximiliano Pullaro, alineada con las acciones del Gobierno nacional, aunque sin usar la auditoría como justificación para cortar toda la asistencia.
Jorge Márquez, subsecretario de Seguridad Alimentaria de Santa Fe, contextualizó la decisión y las políticas actuales de la Casa Gris. Según Márquez, “No había una cultura durante el Gobierno anterior de exigir la rendición del dinero”, haciendo referencia a la gestión del peronista Omar Perotti. La administración actual decidió suspender la asistencia a casi 120 instituciones u organizaciones, con la posibilidad de revertir algunas suspensiones si estas cumplen con las rendiciones de cuentas.
La administración de Pullaro se encontró con una falta de información adecuada sobre la situación en el territorio, lo que llevó al operativo OTI (Ordenar, Transparentar, Institucionalizar) para evaluar los comedores comunitarios en la provincia. Márquez destacó que no se utilizó esta auditoría como pretexto para retirar la asistencia estatal, sino para fortalecer las instituciones. Un ejemplo de este esfuerzo es el acuerdo con la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) para ofrecer cursos de manipulación de alimentos a los operadores de comedores.
En el marco de las auditorías, se detectaron varias irregularidades graves que llevaron a la judicialización de casos. Entre las irregularidades encontradas se incluyen direcciones que corresponden a plazas o terrenos baldíos y usurpación de identidad en tarjetas bancarias del Banco de Santa Fe, utilizadas para la compra de alimentos. Márquez ejemplificó con el testimonio de un titular de tarjeta que desconocía su existencia y no pertenecía a ninguna organización social.
A pesar del retiro de la asistencia nacional bajo la gestión de Javier Milei, Santa Fe ha incrementado su presupuesto para los programas alimentarios. Los tres programas provinciales –Tarjeta Institucional, Tarjeta Única de Ciudadanía y Programa Social Nutricional– contaban con un presupuesto mensual de 1.050 millones de pesos al inicio de la gestión actual. Para el próximo mes, se prevé que este presupuesto ascienda a 2.800 millones de pesos, debido al aumento de la demanda y la retirada de asistencia nacional.
Uno de los casos emblemáticos en la denuncia es el de la ONG Protegiendo Sueños, de San Lorenzo, vinculada con el concejal Esteban Aricó.
Según Márquez, la auditoría reveló que la ONG estaba supuestamente tercerizando la asistencia, y los comedores mencionados no recibían ayuda de la organización. La ONG recibió más de 3 millones de pesos por el programa Tarjeta Institucional y 325 mil pesos por el Prosonu en febrero de este año. La denuncia incluye que durante la gestión de Perotti, la ONG habría recibido 50 millones de pesos en total.
La denuncia contra Protegiendo Sueños, presentada ante el fiscal Regional de la 1ª Circunscripción, Jorge Nessier, lleva la firma de la ministra de Desarrollo de Santa Fe, María Victoria Tejeda. El expediente detalla “irregularidades vinculadas a la asistencia alimentaria brindada por el ex Ministerio de Desarrollo Social”. Stella Maris Bravo, presidenta de la ONG, y dos ex candidatas a concejal por el espacio de Aricó, María Cristina Ramírez y Agustina Campano, figuran en la comisión directiva de la organización.
