El gobierno nacional, mediante el decreto 727, derogó el decreto 715 de 2004, que había establecido la Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI). Esta unidad, creada durante la presidencia de Néstor Kirchner, se encargaba de asistir en las investigaciones relacionadas con la apropiación de niños durante la última dictadura militar.
El presidente Javier Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, firmaron la disposición que pone fin a esta unidad, que actuaba como auxiliar judicial en la investigación de posibles casos de robo de bebés durante el terrorismo de Estado.
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, expresó su rechazo a la medida en conversación con El Destape, afirmando: “Este gobierno está cerrando un montón de puertas posibles para seguir haciendo la búsqueda (de personas apropiadas durante la última dictadura), que es un derecho humano universal, no solo una cosa nuestra. Es aberrante que se quiera borrar la historia para que no se hable más”.
Los motivos para la derogación se alinean con los argumentos previamente presentados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que criticó la función de la Unidad y limitó el acceso a los archivos de las Fuerzas de Seguridad, alegando una violación al derecho a la intimidad de sus miembros y sosteniendo que las investigaciones deben ser competencia del Ministerio Público Fiscal.
El decreto 727 sostiene que las funciones de la Unidad Especial de Investigación, creada por decreto, contravienen la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. La disposición argumenta que “no puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con este, el legislador asigna a órganos específicos del ESTADO NACIONAL”.
Abuelas de Plaza de Mayo ya había manifestado su preocupación cuando se conoció que el gobierno estaba elaborando esta medida. La organización advirtió en un comunicado que la derogación “ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado”.
La Unidad de Investigación, creada en 2004, tenía como objetivo obtener información en una etapa preliminar, evitando así la citación judicial directa y asistiendo a jueces y fiscales en casos de sustitución de identidad para prevenir la apertura de causas inapropiadas.
Abuelas de Plaza de Mayo reporta tener aproximadamente 7,000 denuncias de posibles hijos e hijas de personas desaparecidas, que ahora deberán ser presentadas ante los Tribunales Federales o la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE), lo que consideran “absolutamente ineficaz e inviable”.
La organización subrayó que la disolución de la Unidad llevará a demoras, gastos innecesarios y mayores obstáculos en la restitución de identidad de los casi 300 nietos que aún están buscando tras 47 años. “Pedimos al Gobierno que revea la decisión y a la sociedad que nos acompañe en el reclamo”, añadieron.
