El Poder Ejecutivo de Santa Fe presentó este miércoles ante la Cámara de Senadores un ambicioso proyecto de Reforma Previsional para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los empleados públicos. El objetivo central de la propuesta es implementar un nuevo régimen jubilatorio que sea "solidario, justo y eficiente", con el fin de reducir entre un 20% y 30% el déficit que se espera para 2024, estimado en 430.000 millones de pesos.
Emergencia previsional
El proyecto comienza con la declaración de la Emergencia del Régimen Previsional de los empleados públicos y funcionarios de la Provincia de Santa Fe, extendiéndose también al Personal Policial, Penitenciario, del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip) y al Régimen Opcional Docente. Esta emergencia tendrá una duración de dos años, con la posibilidad de ser prorrogada por otros dos años más.
En el Artículo 2 se establece un Aporte Solidario que los beneficiarios de la Caja, tanto actuales como futuros, deberán realizar sobre el total del beneficio que perciben. Este aporte, aplicable durante el periodo de emergencia, varía entre el 2% y el 6% dependiendo del monto recibido. Aquellos que perciban más de una prestación de la Caja deberán hacer el aporte solidario sobre la suma total de ambas, mientras que quienes reciban beneficios inferiores a dos jubilaciones mínimas estarán exentos de este aporte.
En cuanto al personal en actividad, se dispone que realicen un aporte solidario durante 36 meses, equivalente al 2,77% de su salario, específicamente aquellos que ocupen cargos de conducción política o de gabinete y hayan ingresado a partir del 11 de diciembre de 2023.
Modificaciones a los regímenes
Uno de los puntos clave del proyecto es la modificación en los aportes del personal en actividad. Actualmente, todos los empleados aportan un 14%, pero la reforma propone incrementos escalonados en función del ingreso, que oscilarán entre el 15,5% y el 21%. Es decir, quien más gana, más aporta, e incluye a todos los trabajadores y funcionarios de los tres poderes del Estado.
Adicionalmente, se implementa un tope en los haberes para los jubilados: mientras que actualmente algunos beneficiarios perciben el equivalente a 32 jubilaciones mínimas, el nuevo proyecto limita ese monto a un máximo de 20 jubilaciones mínimas. Sin embargo, se mantendrán las edades actuales para acceder a la jubilación: 60 años para mujeres y 65 para hombres, con 30 años de servicio.
Régimen docente y policial
La reforma también abarca al personal docente y policial. Los docentes de todos los niveles y modalidades podrán acceder a la jubilación a los 60 años, siempre que acrediten 30 años de servicio docente en establecimientos públicos o privados incorporados al sistema educativo oficial no universitario. Además, los docentes que hayan trabajado frente al aula durante 30 años en niveles inicial, primario y secundario, con un mínimo de 30 horas cátedra o en cargos directivos, podrán jubilarse a los 57 años.
En cuanto al Régimen Policial, que incluye al personal de la Policía Provincial, del Servicio Penitenciario y del Iapip, se propone que sus aportes varíen entre el 17% y el 20% de su remuneración, dependiendo del cargo y la institución a la que pertenezcan.
Disposiciones transitorias
El proyecto también contempla disposiciones transitorias. Por ejemplo, los trámites de jubilación que estén en curso al momento de la publicación de la ley serán revisados por la Caja, y si reciben dictamen favorable, podrán acceder al beneficio conforme al régimen anterior. Sin embargo, aquellos trámites que hayan sido paralizados por más de 6 meses por decisión del beneficiario accederán al beneficio bajo el régimen vigente al momento del cese de la prestación de servicios.
Finalmente, la reforma habilita al Poder Ejecutivo provincial a incrementar las edades para acceder a los beneficios jubilatorios si el Estado Nacional decide aumentar dichas edades, determinando además la gradualidad de su implementación.
