El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta dictó una sentencia de tres años de prisión condicional para un hombre que adulteró el Documento Nacional de Identidad (DNI) de otra persona con el fin de utilizarlo como propio. El fallo se dio a conocer luego de que la víctima, Gabriel Fernando Ávila, denunciara que no podía casarse ni ejercer su derecho al voto debido a la usurpación de su identidad.
El juez Federico Santiago Díaz determinó que Jorge David Ari Canaza, también conocido como Mamani Arias Canaza, falsificó el DNI de Ávila. Además de la sentencia, el magistrado ordenó la destrucción del documento falsificado y exigió que se “proceda a regularizar la situación” de la víctima, enviando notificaciones al Registro Civil y otros organismos pertinentes.
La situación salió a la luz en 2012, cuando Ávila, residente de Tartagal, se presentó a votar por primera vez y descubrió que otro individuo estaba utilizando su número de DNI. Más tarde, en 2016, se enteró de que tenía multas de tránsito pendientes y no pudo contraer matrimonio debido a la duplicación de su identidad.
Ávila explicó que su madre había viajado a Bolivia años atrás, donde perdió tanto su documento como el de su hermano, un incidente que en su momento no pareció significativo. Sin embargo, al intentar votar, descubrió que su nombre aparecía registrado en la capital de Salta.
El Registro Civil le informó que no podía casarse porque había otro hombre con sus mismos datos, pero con características físicas diferentes. Ante esto, Ávila decidió presentar una denuncia por usurpación de identidad en el fuero ordinario, aunque el Ministerio Público Fiscal aseguró que la causa fue archivada.
Posteriormente, Ávila acudió a la Sede Descentralizada de Tartagal, que remitió el caso a la Unidad Fiscal de Salta, ya que el sospechoso residía en el barrio San Alfonso.
El fiscal general Carlos Martín Amad ordenó la realización de tareas de campo preliminares, lo que llevó a la detención del sospechoso y el allanamiento de su domicilio. El acusado, Jorge David Ari Canaza, se negó a declarar ante el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, quien logró establecer su responsabilidad penal en el caso.
La investigación concluyó que había dos personas utilizando el mismo número de DNI de Ávila: una era la víctima, domiciliada en Tartagal, y la otra era el acusado, con residencia en Salta, quien había realizado trámites con el DNI adulterado en 2013 y 2016.
El juez Díaz, tras homologar un juicio abreviado, condenó a Canaza a tres años de prisión condicional a fines de 2023.
