La gestión encabezada por Luis Petri en el Ministerio de Defensa está realizando una exhaustiva auditoría de los contratos suscritos durante la administración de Cristina Kirchner, enfocándose especialmente en los acuerdos para la provisión de material militar como cazas de ataque y remolcadores. Según las primeras conclusiones, se han detectado pagos millonarios por desarrollos o equipos que nunca fueron entregados, así como significativos retrasos en la modernización de unidades solicitadas.
Auditoría revela problemas significativos
Uno de los casos más destacados es el del Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), donde se destinaron más de $200 millones para el desarrollo de dos prototipos de vehículos aéreos no tripulados que nunca fueron completados. Este proyecto, que comenzó en 2015 con INVAP, contemplaba también una estación terrena de control y sistemas de comunicaciones avanzadas, pero quedó en suspenso en 2016 y desde entonces no ha avanzado.
Problemas en la entrega de aviones y otros equipos
Además de los drones, la auditoría también ha puesto bajo escrutinio los contratos para la producción de aviones Pampa, Pucará e IA100, entre otros. Se han transferido importantes sumas de dinero, pero las aeronaves prometidas no han sido entregadas, lo que está siendo investigado para determinar posibles delitos en la asignación de fondos públicos.
Investigación en curso y posibles acciones legales
La gestión de Petri está evaluando la posibilidad de presentar denuncias penales basadas en los resultados de estas auditorías, que abarcan a empresas como Fadea, Tandanor y Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE). Se busca esclarecer si hubo desvíos de fondos o irregularidades en la ejecución de los contratos, especialmente aquellos firmados por la Fuerza Aérea y la Armada con estas entidades.
Compromisos incumplidos y déficits financieros
Entre los casos más preocupantes se encuentra la falta de entrega de remolcadores y la demora en la modernización de embarcaciones como la coberta ARA Parker. Defensa ha transferido significativas sumas de dinero a Tandanor y Fadea, pero según las investigaciones, estos recursos podrían no haber sido utilizados como estaba previsto.
La situación sigue desarrollándose y se espera que las auditorías en curso arrojen más luz sobre estos problemas financieros y administrativos en el ámbito de la defensa nacional.
