La nueva ley consagra la libre negociación individual por encima de los convenios colectivos, crea un fondo de cese laboral eliminando indemnizaciones, amplía el período de prueba y sanciona duramente a los trabajadores que ejerzan su derecho a huelga.
El Senado nacional aprobó la ley Bases, imponiendo una reforma laboral que supone un significativo retroceso en los derechos de los trabajadores. Este nuevo marco legal consagra la libre negociación individual, elimina indemnizaciones por despido, extiende el período de prueba y endurece las sanciones contra quienes participen en huelgas.
Despidos y Protestas Gremiales
El artículo 17 de la nueva ley sustituye el artículo 242 de la Ley de Contratos de Trabajo (LCT), categorizando como "grave injuria laboral" la participación en protestas gremiales que bloqueen o tomen establecimientos, permitiendo el despido con causa de trabajadores involucrados en tales actividades. Esta medida agrava las normas antisindicales existentes y penaliza métodos históricos de lucha de la clase trabajadora.
Discriminación y Sindicatos
La norma también redefine los despidos por discriminación, limitando las reclamaciones de reinstalación y ofreciendo indemnizaciones adicionales en su lugar. Esto afecta la protección de delegados y activistas sindicales, debilitando su capacidad de defender derechos laborales.
Además, se limita el poderío económico de los sindicatos, restringiendo los aportes patronales solidarios a los trabajadores afiliados y no a toda la plantilla laboral.
Reformas en la Relación Laboral
La reforma extiende el período de prueba de tres a seis meses, y hasta ocho meses para empresas con menos de 100 empleados. En el caso de pequeñas empresas, el período puede llegar a un año, fomentando la alta rotación de empleados para evitar la registración definitiva.
La nueva norma permite la creación de empresas con hasta tres empleados sin relación laboral, bajo la figura de colaboradores monotributistas, y elimina la responsabilidad solidaria en la tercerización de servicios, desvinculando a los empleados de la empresa principal.
Flexibilización y Contratación
La ley facilita la contratación bajo modalidades de servicios o de obra, eliminando la presunción de relación de dependencia y tratándolas como relaciones comerciales entre iguales. Esta deslaboralización permite a los trabajadores negociar contratos individuales fuera de los convenios colectivos, debilitando así el poder sindical y la protección de los derechos laborales.
Acciones Colectivas y Fondo de Cese Laboral
La ley también restringe la capacidad de los sindicatos para denunciar relaciones laborales irregulares, trasladando esta responsabilidad al trabajador afectado. Introduce el Fondo de Cese Laboral, similar al sistema utilizado en la construcción, donde las empresas aportan un porcentaje del salario a un fondo para cubrir despidos.
Empleo Estatal
En el ámbito estatal, la ley permite una gestión discrecional de los recursos humanos, afectando la estabilidad laboral y la posibilidad de acción colectiva de los empleados públicos. Establece el descuento de los días de paro y permite el pase a disponibilidad por un período de doce meses, al término del cual puede finalizar la relación laboral.
Esta reforma laboral representa un drástico cambio en el panorama de derechos laborales en Argentina, retrotrayendo conquistas históricas y ampliando las brechas de poder entre empleadores y trabajadores.
