Diversas organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad expresaron su rechazo a la propuesta del Gobierno de eliminar el Sistema de Prestaciones Básicas. Esta medida permitiría que cada financiador del sistema de salud establezca sus propios aranceles en lugar de acordarlos de manera unificada en el Directorio de Prestaciones Básicas, lo cual genera preocupación entre los defensores de los derechos de las personas con discapacidad.
Detalles de la Propuesta y su Impacto
La medida propuesta por el Gobierno permitiría que financiadores como las Prepagas, Obras Sociales y sistemas públicos como Incluir Salud y PAMI determinen individualmente los aranceles para las prestaciones de habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad. Actualmente, estos aranceles están regulados y unificados para garantizar que todas las personas con discapacidad reciban la misma calidad de servicios, independientemente del tipo de cobertura que posean.
Argumentos en Contra
Según un comunicado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por María Rosa Muiños, la eliminación del nomenclador único:
> “Conspiraría contra la universalidad de la atención de calidad y sería contraria al principio de progresividad establecido en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Durante una reunión con representantes de diversas organizaciones, se elaboró un documento conjunto que rechazó la propuesta del Gobierno. En el documento, se argumentó que la regulación actual obliga a los financiadores a cubrir el 100% de las prestaciones necesarias para las personas con discapacidad, asegurando así una calidad uniforme de servicios para todos.
Riesgos de la Propuesta
La propuesta del Gobierno, según los defensores de los derechos de las personas con discapacidad, podría resultar en:
1. Disparidades en la Calidad de los Servicios: Diferentes financiadores podrían ofrecer prestaciones de diversa calidad, afectando a las personas con discapacidad según el tipo de cobertura que posean.
2. Desfinanciamiento del Sistema de Salud: La medida se enmarca en un contexto de desfinanciamiento del sistema de salud, aumento de las cuotas de la medicina prepaga y el peligro de la continuidad de muchas políticas de inclusión.
3. Impacto en la Universalidad y Equidad: La eliminación del nomenclador único podría socavar la igualdad de acceso y calidad de los servicios de salud y educación para las personas con discapacidad.
Demandas y Peticiones
Las organizaciones y representantes de personas con discapacidad solicitaron que se les convoque para participar en la elaboración de cualquier proyecto que busque mejorar la integralidad y universalidad del sistema de prestaciones. Además, pidieron al Poder Legislativo que avance en la aprobación de un proyecto que incorpore el Nomenclador Único en la Ley de Prestaciones Básicas 24.901, garantizando así la igualdad y calidad de los servicios para todas las personas con discapacidad.
