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El fiscal Ramiro González abrió este miércoles una causa penal por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarios en el Ministerio de Capital Humano.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la cartera que encabeza Sandra Pettovello contra el exfuncionario Pablo De la Torre, quien habría utilizado un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para pagar sueldos de empleados.
Fuentes judiciales indicaron a TN que González solicitó todos los contratos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia desde el 10 de diciembre hasta la fecha, para determinar cómo se realizaban los pagos y quiénes estaban involucrados en estos procesos.
El fiscal citó a declarar como testigo el próximo jueves al subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Alejandro Schiavi. Según el dictamen de González, “se busca establecer si existieron conductas penalmente relevantes y, en consecuencia, determinar la identidad de cada una de las personas que participaron en la maniobra”.
La denuncia fue presentada el lunes y señala que, a fines de mayo, Federico Fernández, un funcionario de la Secretaría, aseguró que en una reunión en enero, un grupo de otros funcionarios contrató personal a través de la OEI. Se sospecha que el dinero cobrado se convertía en dólares y una parte era destinada a De la Torre, sugiriendo que se trataba de contrataciones falsas para obtener esos fondos.
Leila Gianni, subsecretaria de Legal de Capital Humano, declaró como testigo y afirmó: “Nos cuenta que había muchas personas que por temas impositivos no podían facturar. Entonces buscaron a otras que facturaran en su nombre. Así, la OEI les transfería a esos consultores, previa certificación de servicios de funcionarios de la Secretaría de Niñez”. Gianni también desligó a Pettovello de las acusaciones, afirmando que “ni la ministra ni nosotros estábamos al tanto de esta situación”. Añadió que quien podría aportar más información sobre los contratos era Schiavi, en su rol de subsecretario de Gestión Administrativa.
En relación a la investigación, el fiscal solicitó un listado con todos los empleados y funcionarios que prestaron servicios en la Secretaría desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la fecha, detallando la fecha de alta y baja, el modo de contratación y las tareas asignadas.
