Las comisiones gremiales internas del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y el Sindicato de Prensa de Rosario (SPR), entre otros, han manifestado su rechazo al apagón de las redes sociales de Radio Nacional y la Televisión Pública. Esta medida se implementó en el marco de una presunta "reestructuración" decidida por el gobierno de Javier Milei.
“Denunciamos esta nueva muestra de censura y de amedrentamiento que se suma al silenciamiento de la Agencia Nacional de Noticias y Publicidad Télam”, expresó Sipreba en un comunicado difundido en sus redes sociales. Desde el gremio recordaron que “el gobierno de Javier Milei pasó por arriba del Congreso de la Nación con la intervención, eliminando el directorio y ahora avanza en su plan de destrucción”, mencionando también que la Ley de Bases se discute actualmente en el Senado, donde se debate la privatización de los medios públicos.
La organización sindical se refirió al anuncio de cierre de la agencia Télam hecho por Milei el 1º de marzo durante la Asamblea Legislativa, y a las políticas de recortes en Radio Nacional y la Televisión Pública, que incluyen la no renovación de contratos y la desfinanciación de estos medios, ahora también afectando sus redes sociales.
“Los senadores y senadoras deben defender los medios públicos rechazando su privatización”, instó el gremio, en referencia al proyecto de la Ley de Bases que está siendo debatido en el Senado. Los gremios entregaron recientemente a los senadores una carta expresando su rechazo a la privatización de Radio Nacional, la TV Pública y Contenidos Públicos S.E., que incluye las señales Encuentro, Pakapaka y DeporTV, tal como prevé el proyecto de ley.
“Esto se suma al silenciamiento e intento de cierre de la Agencia pública de noticias y publicidad Télam, y de conjunto implica un grave atentado contra la libertad de expresión, el derecho a la información, el federalismo y la soberanía de la comunicación de nuestro país”, destaca la misiva.
La entrega de esta carta, firmada por la secretaria general de la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren), Carla Gaudensi, y el titular de Sipreba, Agustín Lecchi, fue acompañada por una manifestación de los trabajadores frente al Congreso. Entre los firmantes también se encuentran el titular de la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social y Audiovisual de la República Argentina (Cositmecos), Carlos Horacio Arreceygor; Rubén Darío Aguilar y Julio Barrios del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SatSaid); y el secretario general de la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional, Sergio Webhe.
“Los medios públicos, cuya autonomía funcional fue proclamada por la Ley 26.522 con participación parlamentaria, académica y de la sociedad civil, han sido reconocidos por diversas entidades internacionales ligadas a la libertad de expresión y la cultura, incluida la CIDH en su Informe publicado en 2010”, destacaron los trabajadores en la carta.
En cuanto a Radio Nacional, el comunicado subraya que está compuesta por 49 emisoras en todo el país, con estaciones AM, FM y de onda corta, ofreciendo programación y servicios informativos propios. “Estas emisoras tienen programación propia que garantiza federalismo real, construyendo identidad y aportando a las economías regionales y las problemáticas particulares de cada zona en la que se encuentra Radio Nacional”, añadieron.
La carta advierte que la privatización, el vaciamiento o cierre de RTA S.E. y Contenidos Públicos S.E. dejaría a gran parte de la población sin acceso a información, entretenimiento y contenidos educativos, deportivos y culturales de calidad. Afirman que esta situación "generaría una mayor concentración de la producción y difusión de información, profundizando el desierto informativo y afectando la construcción de identidad y la libertad de expresión".
Finalmente, el documento insta a los senadores y senadoras a rechazar la iniciativa de privatización de los medios públicos, subrayando la importancia de mantener la libertad de expresión y el derecho a la información para todos los ciudadanos.