El juez federal Carlos Vera Barros ha procesado a cinco ex directivos de Aguas Santafesinas (Assa) por la descarga de líquidos cloacales sin tratar en el río Paraná desde Rosario. Esta acción judicial, iniciada hace cuatro años por la ONG ambiental Asociación Civil Cuenca Río Paraná, se ha desarrollado tanto en el ámbito civil como penal. Los proyectos para tratar estos vertidos líquidos, presentados a lo largo de los años, no se han concretado debido a su elevado costo.
La denuncia contra Assa fue interpuesta en 2021 por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, acusando a la empresa estatal de verter no solo efluentes cloacales, sino también industriales. La investigación judicial ha revelado que estos vertidos, sin tratamiento previo, alcanzan un volumen aproximado de 350 millones de litros diarios desde la Planta de Recepción Emisario Sur, ubicada en la intersección de avenida Circunvalación y Ayolas en Rosario. Según el juez Vera Barros, esto representa una contaminación peligrosa para la salud, el suelo y las aguas del Paraná.
El abogado ambientalista Fabian Maggi, representante legal de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, ha subrayado que la causa se fundamenta en posibles violaciones a la ley de Residuos Peligrosos. Maggi detalló que el caso surgió a partir de un relevamiento periódico que detectó una enorme pluma de contaminación de color negro rojizo, emanando un olor nauseabundo, en el emisario sur de Assa, afectando a numerosas familias de pescadores instaladas en la costa.
En septiembre del año pasado, Assa había presentado un proyecto a nivel nacional para tratar parte de los efluentes del emisario sur, con un presupuesto de 11.800 millones de pesos con IVA incluido. Este proyecto buscaba financiamiento internacional con el aval del Ejecutivo nacional y pretendía tratar el 40% de los efluentes cloacales vertidos en Rosario, requiriendo la aprobación del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).
El procesamiento de los ex directivos de Assa, ordenado esta semana por el juez Vera Barros, marca el final de un procedimiento judicial complejo. El juez había rechazado intervenir en el caso dos veces, la última en diciembre de 2022. Sin embargo, en mayo del año siguiente, la Cámara de Apelaciones revocó su decisión, criticando la falta de fundamentos y las demoras indebidas que representaban un riesgo inadmisible para la salud pública y el medio ambiente. La Cámara también reprendió al juez por no seguir los criterios de la Corte Suprema de la Nación, que ya había establecido la competencia federal en conflictos relacionados con el río Paraná, un curso de agua que atraviesa varias provincias.
