El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y su ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, participaron este miércoles en una reunión informativa en la Cámara de Diputados para apoyar el proyecto de ley antimafia impulsado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Inspirada en el Código Penal Antimafia de Italia y la Ley Rico de Estados Unidos, esta iniciativa también toma elementos de las acciones del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra las maras.
Los funcionarios santafesinos fueron los primeros oradores en las comisiones de Seguridad Interior y Legislación Penal que debaten la propuesta. A solicitud de Bullrich, también participaron otros destacados santafesinos como el ex fiscal general Jorge Baclini y el juez de la Corte Suprema provincial Daniel Erbetta.
El proyecto, formalmente denominado Abordaje Integral del Crimen Organizado, aborda delitos como el tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, pornografía infantil, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, entre otros, que estén vinculados a organizaciones criminales.
En marzo, durante una visita a Rosario, Bullrich explicó que el proyecto busca tipificar una nueva modalidad de persecución penal contra el crimen organizado, similar a las prácticas en Italia, Estados Unidos y El Salvador. Desde entonces, Pullaro ha defendido la propuesta.
Críticas al garantismo
Durante la reunión, Pullaro y Coccocioni expresaron su apoyo general al proyecto, aunque sugirieron modificaciones y detallaron las medidas implementadas en Santa Fe para combatir el crimen organizado. Pullaro señaló que Santa Fe ha sufrido altos índices de violencia durante los últimos años y ofreció su experiencia para evitar que otros lugares del país enfrenten situaciones similares.
El gobernador subrayó la necesidad de reformas importantes para combatir el crimen y destacó que algunas medidas implementadas en Santa Fe desde diciembre de 2023 han reducido significativamente la violencia. Sin embargo, criticó que el proyecto tiene un "exceso de garantismo" y abogó por una ley que permita una respuesta más rápida y efectiva contra las organizaciones criminales.
Pullaro también presentó datos sobre la reducción de homicidios en Rosario y la capital provincial gracias a nuevas herramientas y la colaboración con las fuerzas federales y la justicia.
Desafíos y críticas
La ley antimafia agrava las penas de ocho a 20 años para quienes pertenezcan a asociaciones ilícitas. Sin embargo, algunos críticos argumentan que se enfoca demasiado en la persecución penal y no aborda suficientemente el movimiento ilícito de dinero y su impacto en el sistema político y financiero.
El investigador del Conicet, Rocco Carbone, señaló en un artículo que el proyecto podría ser una distracción que complementa otras normativas controversiales y facilita el lavado de dinero, atrayendo capitales ilícitos de alto perfil.
El endurecimiento punitivo también plantea problemas de superpoblación carcelaria. Pullaro mencionó la obsolescencia del sistema de comisarías y la necesidad de construir más cárceles para alojar a los detenidos, destacando que su gobierno está construyendo 4,000 celdas para aliviar la situación.
En temas de seguridad, Pullaro ha buscado colaborar con diversas administraciones. La semana pasada se reunió con el gobernador bonaerense Axel Kicillof en Rosario para firmar un convenio de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, subrayando que esta batalla no tiene banderías políticas.
