El gobierno de la provincia de Santa Fe ha presentado un nuevo plan destinado a los docentes, denominado Plan Asistencia Perfecta, que otorga incentivos económicos mensuales y trimestrales a aquellos maestros que no registren inasistencias a su trabajo. Sin embargo, esta medida ha generado un duro rechazo por parte de los gremios docentes Amsafe y Sadop, quienes la comparan con el presentismo de los años 90 y la califican como ilegal, inconstitucional y discriminatoria.
El Plan Asistencia Perfecta, anunciado por el ministro de Educación de la provincia, José Goity, ofrece bonificaciones mensuales para los docentes que no falten a clases, así como un premio económico adicional para aquellos que solo registren una falta en el mes. Además, se establece un pago trimestral como reconocimiento a la asistencia perfecta, con montos máximos que serán actualizados trimestralmente según la variación salarial.
Sin embargo, el rechazo de los gremios docentes no se ha hecho esperar. Desde Amsafe y Sadop, se critica duramente la medida, señalando que es comparable al presentismo de los años 90 y que constituye un ataque al régimen de licencias de los docentes. Juan Pablo Casiello, secretario general de Amsafe Rosario, enfatizó que la medida es un castigo disfrazado de premio y que afecta gravemente a los docentes más vulnerables, quienes podrían ver reducidos sus ingresos en casos de enfermedad o maternidad.
Por su parte, Martín Lucero, representante de Sadop, calificó la medida como cruel e ilegal, destacando que discrimina a ciertos grupos de docentes, especialmente a las mujeres en situación de embarazo. Lucero también criticó la decisión de implementar esta medida fuera de las paritarias y advirtió que generará más angustia entre los docentes, quienes podrían sentirse obligados a trabajar enfermos debido a la precariedad de sus salarios.
Ante este panorama, los gremios docentes han anunciado su intención de realizar una presentación legal contra el Plan Asistencia Perfecta, argumentando su inconstitucionalidad y su impacto negativo en los derechos de los trabajadores de la educación. Con esta medida, el gobierno de Santa Fe enfrenta una fuerte oposición por parte de los sindicatos docentes, quienes consideran que la medida no solo es injusta, sino también perjudicial para la calidad educativa en la provincia.
