Los vocales de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i) han presentado su renuncia, denunciando un proceso de "desmantelamiento" llevado a cabo por la gestión de Javier Milei en el organismo.
En un comunicado conjunto, los vocales explicaron que su decisión se basa en varios factores, incluyendo el desmantelamiento de la plataforma informática diseñada para agilizar la evaluación de proyectos, la destitución de los directores del Fondo Tecnológico Argentino y del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, así como la reducción del personal.
Este grupo de renunciantes incluye a figuras destacadas como Cristina Teresa Arranz, María Cristina Carrillo y Guillermo Ariel Giraudo, entre otros.
La Agencia I+D+i, un organismo autárquico creado en 1996 y adscrito al ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha sido fundamental para el desarrollo científico del país, gestionando miles de proyectos e involucrando a miles de especialistas en diversas áreas de conocimiento.
Sin embargo, los vocales señalan que el organismo se encuentra actualmente paralizado, con actividades estancadas desde la asunción del actual presidente de la nación. Incluso la designación de una nueva presidenta, la doctora Alicia Caballero, no ha logrado mejorar la situación.
Este estancamiento afecta no solo al personal de la agencia, sino también a los proyectos en curso y a la colaboración con Pymes y empresas del sector tecnológico. Cabe destacar que la agencia cuenta con fondos internacionales por 225 millones de dólares para los próximos años, que actualmente no se están utilizando.
La Agencia I+D+i es responsable de financiar recursos humanos, proveer insumos y equipos para la investigación, la tecnología y la innovación del país, en colaboración público-privada. Sin embargo, según Fernando Peirano, expresidente del organismo, existen fondos disponibles que no se están ejecutando, lo que sugiere una decisión de no transferir recursos con el objetivo de alcanzar un superávit.
La situación denunciada por los renunciantes pone en riesgo importantes proyectos e investigaciones, así como la reputación internacional y el progreso científico-tecnológico de Argentina.
