El Gobierno da un giro en la regulación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), eliminando los controles de precios en servicios de telefonía, televisión e internet mediante el Decreto 302/2024. Esta medida, inspirada por la necesidad de promover la inversión y la competencia, marca un hito en la modernización del sector.
El decreto, que modifica la Ley Argentina Digital N° 27.078, suprime la regulación tarifaria en el mercado de las TIC. Esta acción busca impulsar la competencia, alentar inversiones y elevar los estándares de calidad en la prestación de servicios en todo el país.
Bajo este nuevo enfoque, los licenciatarios de servicios TIC tendrán la facultad de establecer sus tarifas, con el fin de fomentar un ambiente competitivo que conduzca a mejoras tangibles en la calidad y variedad de los servicios ofrecidos a los consumidores.
La disposición oficial establece que "los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación".
A pesar de esta liberalización, el decreto ratifica la categorización de los servicios de TIC como esenciales y estratégicos, reafirmando el compromiso del Estado con el acceso universal a estos servicios.
El objetivo fundamental de esta reforma es estimular la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en áreas rurales y remotas, para reducir la brecha digital en el país. Al liberar a los licenciatarios de las restricciones de precios, el gobierno espera promover la expansión de redes y servicios, garantizando una cobertura más amplia y una mayor inclusión digital.
La medida se respalda en la necesidad de adaptarse al dinamismo del mercado de telecomunicaciones y garantizar una oferta diversificada de servicios a precios justos y con calidad. Esto contrasta con la regulación tarifaria previa establecida por el Decreto N° 690/20.
El decreto reconoce la importancia de la competencia en el desarrollo y crecimiento de los servicios de TIC, otorgando a los licenciatarios la libertad para fijar precios, una facultad esencial para su evolución.
Con esta acción, el gobierno se compromete a transformar el panorama de las telecomunicaciones en Argentina, aunque su éxito dependerá de mantener un equilibrio entre la libertad de mercado y la protección de los derechos de los consumidores.
