En el seno del Gobierno argentino, se ha desatado un intenso debate respecto al papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país. Las recientes declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuestionando la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna, han provocado una respuesta rápida por parte de los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, respectivamente.
En una entrevista con TN, Villarruel expresó su desacuerdo con la medida tomada por Bullrich y Petri, argumentando que las Fuerzas Armadas no deberían involucrarse en conflictos civiles, señalando que su función principal no es combatir a civiles, sino proteger al país de amenazas exteriores. Además, remarcó la importancia de que el Estado respalde las acciones de las Fuerzas Armadas en caso de modificar la ley, evitando así situaciones como las ocurridas en la década de 1970, donde agentes del Estado fueron posteriormente incriminados por obedecer órdenes gubernamentales.
Sin embargo, tanto Bullrich como Petri defendieron la decisión de enviar las Fuerzas Armadas a conflictos internos, como el que atraviesa la ciudad de Rosario. Bullrich afirmó que es necesario superar las discusiones del pasado y enfocarse en el futuro de las Fuerzas Armadas, resaltando que estas son una parte integral de la democracia argentina.
Por su parte, Petri explicó que la propuesta que llevarán al Congreso es para modificar la ley de Seguridad Interior, permitiendo así una intervención específica de las Fuerzas Armadas en casos de terrorismo, con un marco jurídico adecuado que garantice el respeto a los derechos y las leyes constitucionales.
Este debate plantea interrogantes importantes sobre el equilibrio entre la seguridad interna y el respeto a los derechos civiles en Argentina. Mientras algunos abogan por una intervención más activa de las Fuerzas Armadas para enfrentar amenazas internas como el narcoterrorismo, otros advierten sobre los riesgos de un exceso de militarización en asuntos internos. La discusión está lejos de resolverse y continuará siendo un tema central en la agenda política del país.
