En un evento que ha sacudido a la opinión pública, la organización de derechos humanos Hijos denunció un ataque brutal contra una de sus militantes. Según informes, la víctima fue agredida sexualmente en su propio hogar por dos individuos, quienes además dejaron una pintada con tintes políticos en la pared, marcando la sigla "VLLC" (Viva la Libertad Carajo). La denuncia pública, realizada a través de las redes sociales, ha provocado una oleada de indignación y demandas de justicia.
La Red Nacional de Hijos emitió un comunicado detallando los horrores sufridos por la militante, incluyendo el ingreso forzado a su residencia, golpes, abuso sexual y amenazas de muerte. Han calificado este incidente como un "ataque político" y han solicitado una investigación exhaustiva por parte de las autoridades judiciales.
Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S denunciamos este grave atentado del que fue víctima una de nuestras compañeras. Les dejamos el comunicado 👇 pic.twitter.com/6ZeEZwX47G
— H.I.J.O.S. Rosario (@HIJOSRosario) March 21, 2024
En respuesta a la denuncia, el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia de prensa en Casa Rosada, expresó su esperanza de que la justicia avance en el esclarecimiento del caso y aseguró que los responsables deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Este llamado a la acción judicial coincide con la proximidad de la tradicional Marcha por la Memoria, Verdad y Justicia, que se llevará a cabo el 24 de marzo.
Además de abordar el tema del ataque a la militante de Hijos, Adorni también se refirió a la marcha que conmemora el golpe cívico-militar ocurrido hace 48 años. Expresó su deseo de que sea un día de paz y reflexión para todos los argentinos. Respecto a la posible implementación del protocolo antipiquetes para ese día, destacó que estará a cargo de la Ciudad de Buenos Aires y que se espera que transcurra en un ambiente de absoluta tranquilidad.
Este incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad de los activistas y la creciente polarización política en el país. La sociedad argentina observa con atención el desarrollo de la investigación judicial y aguarda medidas concretas para garantizar la protección de quienes defienden los derechos humanos en el país.
