El Gobierno argentino está considerando declarar la educación como "servicio esencial" con el objetivo de evitar paros docentes y asegurar el comienzo de clases. La medida fue anticipada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en medio de tensiones con los gremios docentes debido a la falta de convocatoria a paritarias nacionales y la suspensión del fondo de incentivo.
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La posible declaración de la educación como servicio esencial se encuentra dentro del capítulo de la reforma laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, actualmente suspendido por la Justicia. Este capítulo establece que no se puede negociar una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio.
Adorni anunció en conferencia de prensa en la Casa Rosada que se ha iniciado la evaluación para implementar esta medida, sin ofrecer detalles adicionales. Según fuentes, el Gobierno pretende llevar adelante esta acción "cuanto antes", ya sea mediante un decreto o un proyecto de ley que se enviará al Congreso durante las próximas sesiones ordinarias.
La posibilidad de declarar la educación como servicio esencial se suma a los intentos previos del Gobierno para declarar esenciales otras actividades como el transporte, actualmente bloqueados por decisiones judiciales. La Procuración General del Tesoro ha presentado una solicitud ante la Corte Suprema para validar la reforma laboral.
Mientras tanto, el clima entre el Gobierno y los sindicatos docentes continúa tenso. La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Sonia Alesso, advirtió sobre la complejidad del inicio de clases debido a la falta de pago del Fondo Compensador de Desigualdades Salariales por parte de algunas provincias. Alesso indicó que habrá definiciones sobre este tema antes del jueves, día en que se celebrará un consejo extraordinario de la organización.
