El Gobierno argentino está preparando un aumento del salario mínimo por decreto, que elevará el piso de los actuales $156.000 a aproximadamente $220.000. Sin embargo, esta cifra está lejos del aumento del 85% solicitado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que habría situado el salario mínimo en torno a los $288.600.
Este aumento se fijará por laudo de manera unilateral después del fracaso de las negociaciones entre empresarios y sindicatos en una reunión reciente.
El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) no solo afecta directamente a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, sino que también sirve como referencia para los trabajadores informales. Además, tiene un impacto significativo en la exclusión del impuesto a las Ganancias para aquellos trabajadores que ganan menos de 15 salarios mínimos, actualmente establecido en $2.340.000.
El laudo es una medida en la cual el Gobierno actúa como árbitro y determina una decisión de manera unilateral cuando no hay acuerdo entre las partes involucradas, como es el caso del aumento del salario mínimo. Mientras los gremios exigían un aumento del 85% a partir del 1° de febrero, los empresarios no presentaron una propuesta económica hasta marzo.
El fracaso en las negociaciones ha intensificado la tensión entre la CGT y el Gobierno, que ha propuesto recortar fondos al sistema de salud sindical mediante la desregulación de obras sociales. Además, el Gobierno ha presentado un recurso ante la Corte Suprema para validar la reforma laboral, actualmente suspendida.
La CGT ha acusado al Gobierno de obstaculizar deliberadamente el desarrollo de la reunión con el fin de sabotear cualquier posibilidad de acuerdo. También ha criticado a los empresarios, especialmente a la Unión Industrial Argentina, por no presentar una propuesta durante la reunión.
En medio de esta creciente tensión, Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT, ha advertido sobre la posibilidad de un nuevo paro en respuesta al "ajuste deliberado del Estado" que, según él, busca empobrecer a la población. Daer ha destacado la necesidad de obtener apoyo político, institucional y social para llevar a cabo acciones sindicales en este contexto.
