El Gobierno argentino ha apelado el fallo emitido por la jueza Loretta Preska en los tribunales de Nueva York, que ordena al país pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares por la nacionalización de la petrolera YPF en 2012.
En su argumento, el Estado argentino sostiene que el caso debe ser juzgado en Argentina y que los daños reclamados fueron inflados significativamente.
La apelación, presentada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, argumenta que la jueza Preska aplicó erróneamente la legislación argentina y respaldó los reclamos de los demandantes, accionistas de una empresa argentina, en lugar de seguir la ley argentina. Según la defensa, el caso nunca debió llegar a un tribunal en Nueva York, ya que los eventos en cuestión ocurrieron exclusivamente en Argentina y la legislación argentina debería aplicarse.
Los demandantes, representados por Burford Capital y Eton Park, iniciaron la demanda por la forma en que el Estado nacionalizó YPF en 2012. Argumentan que se violaron los estatutos corporativos al no realizar una oferta pública de adquisición a los demás accionistas cuando el Estado compró el 51% de las acciones de Repsol. Los abogados de la defensa señalan que el sistema legal argentino no reconoce una demanda por incumplimiento de contrato y que el demandante ya no tenía acciones en YPF cuando el Estado se hizo cargo oficialmente de las acciones de Repsol.
La apelación también cuestiona los cálculos de los daños, argumentando que se inflaron enormemente y que se utilizaron fechas incorrectas y tasas de interés erróneas en el fallo original. Se espera que la cámara no se pronuncie sobre la apelación hasta después de septiembre, una vez que ambas partes hayan presentado sus argumentos.
El caso continúa siendo un tema de interés tanto para Argentina como para los inversores extranjeros, y su resolución tendrá importantes implicaciones legales y financieras.
