Los 18 religiosos católicos que el fin de semana fueron desterrados de Nicaragua, entre ellos los obispos Rolando Álvarez e Isidoro del Carmen Mora Ortega, llegaron al Vaticano, donde tendrán reuniones con las autoridades de la Santa Sede.
Álvarez, Mora Ortega y otros religiosos entre sacerdotes y seminaristas, llegaron el domingo a Roma desde Nicaragua tras haber sido dejados en libertad por el régimen que los había apresado y decidió liberarlos el fin de semana.
El grupo de 18 religiosos fueron declarados “huéspedes de la Santa Sede”, informó el Vaticano de forma oficial, y se reunirán con autoridades vaticanas en las próximas horas.
Entre los religiosos está el obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel y emblema de la oposición en el país.
Álvarez, de 57 años, fue condenado el 10 de febrero último a 26 años por traición a la patria, propagación de noticias falsas y desacato, un día después de que rechazara salir a Estados Unidos junto a 222 opositores presos expulsados.
El grupo que se encuentra en Roma está compuesto, además de por Álvarez, por el párroco de Siuna, el también obispo Isidoro del Carmen Mora Ortega, dos seminaristas y otros 14 sacerdotes. Mora Ortega, en tanto, había sido apresado en diciembre junto a otros religiosos.
Emblema de la oposición
Álvarez es considerada emblema de la oposición en el país. Fue desterrado hacia El Vaticano junto a otros 17 religiosos que habían sido arrestados a fines de 2023, en un nuevo giro del fuerte enfrentamiento entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica.
La información fue confirmada -con detalles- por los diarios digitales 100%Noticias y Confidencial, que emiten desde fuera de Nicaragua, la dieron sitios de medios de Managua, y por el cura Uriel Vallejos en su cuenta de la red X (antes Twitter).
La medida del Ejecutivo se dio a 13 días de que el papa Francisco revelara que seguía con “preocupación” lo que sucedía en Nicaragua, donde desde el 20 de diciembre habían sido arrestados al menos 14 sacerdotes y dos seminaristas, en medio de una fuerte tensión entre la Iglesia católica y el gobierno.
“Sigo con preocupación todo lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de la libertad. Les traslado a ellos, a su familia y a toda la Iglesia del país mi cercanía en la oración”, dijo Francisco tras el rezo del primer Ángelus del año, de acuerdo al sitio Vatican News.
Un día después fue Estados Unidos el que pidió la liberación “inmediata” de Álvarez.
La mecánica de la liberación y el destierro fue idéntica a la que se usó en febrero de 2023 para enviar a Estados Unidos a 22 opositores hasta entonces presos: en secreto, de madrugada y directo al avión que los sacó del país.
“Confirmo. Es cierto la libertad y el destierro. Monseñor Álvarez salió con todos los sacerdotes. Dos obispos, y todos los sacerdotes”, dijo una fuente citada por 100% Noticias.
El cura Vallejos, en tanto, desde Europa, escribió: “Los Ortega-Murillo quieren dejar sin sacerdotes a Nicaragua. Otro avión llenos de pastores del pueblo al exilio. Viva Nicaragua libre !!”.
La disputa entre la Iglesia Católica y Daniel Ortega
El 18 de octubre del año pasado, la administración de Ortega ya había desterrado hacia El Vaticano a doce sacerdotes que mantenía como presos políticos.
Aunque los liberados ahora son 18 -aunque se trata de una cifra no oficial- el nombre de Álvarez es el de mayor resonancia porque se había convertido en el emblema del conflicto Iglesia-Gobierno.
Obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, estuvo varios días del 2022 encerrado en su Palacio Episcopal antes de ser llevado a Managua para alojarlo en una cárcel.
El 9 de febrero de 2023, luego de negarse a aceptar el destierro a Estados Unidos -que sí aceptaron otros 222 presos considerados políticos- fue sacado del arresto domiciliario y trasladado a las celdas de máxima seguridad de la cárcel La Modelo, conocidas como El Infiernillo.
Al día siguiente la jueza Nadia Tardencilla Rodríguez le impuso una condena de 26 años y cuatro meses de prisión.
En julio del año pasado hubo otro intento de sacarlo del país: hubo una negociación para llevarlo al Vaticano y otra vez el obispo rechazó los términos impuestos para su destierro.
Los liberados
Otro de los liberados fue el obispo de Siuna, monseñor Isidoro Mora, detenido el 20 de diciembre -junto a dos seminaristas-, un día después de orar en una homilía transmitida por las redes sociales por monseñor Álvarez.
Los otros sacerdotes que subieron al avión son Pablo Villafranca (Nuestro Señor de Veracruz en Nindirí, Masaya); Héctor Treminio (Santo Cristo de Esquipulas, Managua); Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua; Fernando Calero (Nuestra Señora de Fátima Rancho Grande, Matagalpa); y Marcos Díaz Prado (Santo Tomás Apóstol del Puerto de Corinto).
La nómina sigue con Silvio Fonseca (Santa Faz), vicario de Familia, Niñez y Juventud de la Arquidiócesis de Managua; Mykel Monterrey (Nuestra Señora de Candelaria de la Arquidiócesis de Managua); Raúl Zamora (Jesús de la Divina Misericordia, Managua); Gerardo Rodríguez (Purísima Concepción, Reparto Belmonte de Managua); Miguel Mántica (San Francisco de Asís, Reparto Bolonia de Managua); Jader Hernández (Madre del Divino Pastor, Nejapa); Ismael Serrano (San Miguel Arcángel de Managua) y José Sandino Ochoa (Nuestra Señora de los Dolores en Santa María de Pantasma, Jinotega).
A ellos se sumaron tres seminaristas (Alester Sáenz, Tony Palacios y Francisco Odorico Castilblanco).
El enfrentamiento con la Iglesia surgió a partir de las fuertes protestas contra el Gobierno de 2018, cuando el Ejecutivo acusó a varios religiosos de motorizar la manifestaciones, alojar a “golpistas” en las iglesias y amparar actitudes que consideraba fuera de la ley.
La investigadora Martha Molina, autora del estudio “Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?”, advirtió que 2023 fue “el año más sanguinario” y remarcó que “las cifras así lo demuestran: 307 agresiones, más 3600 procesiones prohibidas, más 237 misas prohibidas en los cementerios, más secuestros, asedios y vigilancia permanente”.
Las acciones incluyeron el bloqueo de cuentas bancarias de algunos obispados, la prohibición de ejercer sus misiones a algunas congregaciones (Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta; Hijas de Santa Luisa de Marillac en el Espíritu Santo; las monjas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo y las Hermanas Dominicas de la Anunciata) y la imposibilidad de reingresar al país a decena de religiosos que habían viajado al exterior a reuniones, congresos o misiones pastorales.
