Seguridad: Pullaro busca por ley imponer un fuerte cambio en el patrullaje urbano

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Maximiliano Pullaro, gobernador electo de la provincia, planea implementar una serie de cambios significativos en el servicio policial y en la compra de equipamiento, centrándose en la visibilidad de la fuerza en la vía pública. Busca una ley de emergencia para permitir una reorganización inmediata y medidas excepcionales. El objetivo principal es aumentar la presencia policial en las calles, desplazando a policías administrativos a tareas operativas.

Para lograrlo, se buscará modificar las funciones administrativas, flexibilizar las compras directas de equipamiento, tercerizar el mantenimiento de la flota de patrullas y realizar refacciones de móviles. La ley de emergencia también apuntará a revisar las funciones administrativas innecesarias y reorganizar áreas de uniformados.

Además, Pullaro planea implementar una ley de narcomenudeo que permita a fiscales provinciales perseguir el comercio urbano de drogas. También se contempla una reformulación en la gestión de prisiones, con la creación de pabellones exclusivos para presos de alto perfil y un plan de construcción de nuevas plazas penitenciarias.

Otros puntos del plan incluyen una reactualización del plan de estaciones policiales, un cambio en la conducción de la Jefatura de provincia, y la búsqueda de mayor control sobre las fuerzas federales en el comando operacional conjunto. Se espera la implementación de protocolos para la actuación policial en el lugar del hecho y cambios en el Código Procesal Penal.

En cuanto a la presencia policial, se espera un aumento de la flota de patrullas, pasando de 24 a 200 móviles en Rosario y de 18 a 100 en Santa Fe para tareas preventivas. Además, los 15.800 policías que cumplen tareas operativas en la calle recibirán una tarjeta alimentaria por 4 mil pesos.

Pullaro busca cambiar la relación entre la policía y los fiscales, apostando a que la dirección técnica y científica en la investigación de delitos esté en manos policiales. También se busca modificar la duración de la detención de una persona antes de la imputación y los criterios para aceptar acuerdos de juicio abreviado.

El plan busca una transformación integral en la presencia y gestión policial, con cambios legislativos y operativos para mejorar la seguridad pública en la provincia.

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