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Protocolo antipiquetes de Nación: Cambios, matices y postura de Santa Fe

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El nuevo protocolo antipiquetes anunciado por la ministra Patricia Bullrich genera matices y posturas divergentes en distintas jurisdicciones, con el gobierno de Javier Milei poniendo un énfasis fuerte en la seguridad y la libre circulación. Aquí desglosamos los cambios propuestos y cómo están siendo recibidos, con especial atención a la postura de la provincia de Santa Fe.

Este martes hubo un primer acto frente a Tribunales con corte de calle. (Alan Monzón/Rosario3)

Alcances del protocolo antipiquetes

Según la ministra Bullrich, el protocolo establece que no se permitirán cortes de calles, quemar gomas será considerado como daño ambiental, se prohíben palos y caras tapadas, y la presencia de niños será restringida. Estas acciones serán consideradas "delito en flagrancia", lo que activará la respuesta de las fuerzas federales. Además, se realizará inteligencia sobre los participantes, se les quitarán los planes sociales y se enviarán los costos de los operativos a las organizaciones responsables.

Divergencias en las jurisdicciones

En la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, anunció que no adhieren al plan de Bullrich, calificando las medidas como una criminalización de la protesta. El gobernador Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, mostró acuerdo con el espíritu del plan, pero diferenció entre cortes organizados en rutas y reclamos puntuales de vecinos. Además, señaló que serán "sensibles" en esos casos.

Jurisdicción federal y límites constitucionales

El protocolo opera sobre jurisdicción federal, como rutas nacionales, pero no tiene alcance sobre calles que dependen de las provincias. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, estableció límites concretos, destacando el conflicto entre el derecho a manifestarse y a circular. Señaló la necesidad de optimizar ambos derechos sin que uno anule al otro por completo.

Primera prueba en Rosario

En Rosario, habrá una marcha en conmemoración del 20 de diciembre, y la ex candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda, Carla Deiana, anticipó la participación de diversas organizaciones para defender el derecho a la protesta y rechazar el plan de ajuste de Milei. Deiana descartó que la medida anunciada busque garantizar el tránsito y sugirió que, constitucionalmente, la prohibición total de manifestaciones requeriría declarar el estado de sitio.



Las posturas divergentes y los matices en las interpretaciones del protocolo antipiquetes marcan un escenario complejo para su implementación y plantean desafíos en términos de equilibrio entre la seguridad y el derecho a la protesta.

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