En una movida estratégica, el presidente Javier Milei ha decidido poner en pausa la privatización de los medios públicos en el corto plazo. La estrategia ahora se centra en financiar estas entidades con las ganancias generadas por otros organismos estatales. La medida se enmarca en la intención de solventar el déficit que estructuras como Télam, TV Pública y Radio Nacional generan en las arcas públicas.
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Desde La Libertad Avanza, se ha enfatizado que la privatización de los medios públicos no será una prioridad en la primera fase de la reforma del Estado, aunque no se descarta en fases posteriores. La actual prioridad del gobierno de Milei es realizar una exhaustiva auditoría del Estado, liderada por el jefe de gabinete, Nicolás Posse, con el objetivo de reestructurarlo.
Con el enfoque en el equilibrio fiscal, el gobierno pretende recortar gastos basándose en datos reales y definir el organigrama de funciones y jerarquías para la elaboración del presupuesto 2024. Fuentes cercanas a Milei indican que buscarán elevar el valor de las empresas públicas antes de considerar su privatización, y esto incluirá el sector de Comunicación.
En el área de Comunicación, se aplicará la misma regla. Se busca que estos organismos dependan únicamente de los ingresos generados en su esfera, evitando así la necesidad de financiamiento estatal. Se destaca el caso de la Televisión Digital Abierta (TDA) como un ejemplo sólido, ya que desempeña un papel fundamental en el rating de los canales de aire.
El nuevo esquema de gobierno incluye a Guillermo Ferraro como Ministro de Infraestructura, y la secretaría de Comunicación y Conectividad estará bajo su jurisdicción. La planificación del Ministerio aún está en desarrollo, y se han anunciado los primeros lineamientos respecto a las licitaciones privadas de obra pública. El futuro titular del ENACOM será el abogado Tomás Sutton.
El gobierno de Milei prioriza la estabilidad fiscal y la reestructuración del Estado antes de considerar la privatización de los medios públicos, buscando financiarlos con las ganancias generadas por otros entes estatales.
