En una movida sin precedentes, el Gobierno nacional ha presentado la Ley Ómnibus, una propuesta legislativa que plantea cambios sustanciales en el sistema educativo argentino. Uno de los aspectos más destacados es la introducción de un examen censal obligatorio al finalizar la educación secundaria, con el objetivo de medir los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los estudiantes que egresan.
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Foto : Infobae
En consonancia con estas modificaciones, se propone la difusión de los resultados de las evaluaciones estandarizadas por escuela, eliminando la disposición de resguardar a docentes e instituciones educativas. Aunque se asegura la confidencialidad de la identidad de los alumnos, se busca proporcionar a padres y docentes acceso a información valiosa para mejorar la calidad educativa.
La evaluación docente también experimenta cambios significativos. Además de mantener las opciones tradicionales de desempeño en el aula y funciones directivas, se introduce la "evaluación continua" como criterio para el ascenso, vinculando la formación con la capacidad demostrada. La evaluación periódica se convierte en requisito, exigiendo a los docentes revalidar sus capacidades cada cinco años.
En sintonía con la era digital, la propuesta contempla fortalecer bibliotecas digitales o físicas, abriendo la posibilidad de transición de libros en papel a formatos digitales. También se autoriza la educación a distancia híbrida a partir del segundo ciclo del nivel primario, reflejando una adaptación a las necesidades cambiantes de la sociedad.
En el ámbito universitario, la gratuidad de los estudios de grado se mantiene para ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia permanente. Sin embargo, se introduce la posibilidad de arancelar para aquellos estudiantes que no cumplan con estos requisitos, junto con la opción de otorgar becas. La Ley Ómnibus también permite acuerdos internacionales entre instituciones de educación superior, fomentando intercambios y colaboración mutua.
Por último, se destaca la garantía del ingreso universitario "libre e irrestricto", con la novedad de ofrecer a las instituciones la opción de implementar un examen directo para ingreso sin necesidad de nivelación adicional. Estos cambios, según el proyecto, buscan asegurar el acceso a la educación superior en todo el territorio nacional, fomentar la calidad y pertinencia de la formación, y garantizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
