Este viernes marca el octavo día desde que el presidente Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, bajo el título "Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina". Con 366 artículos, la normativa comenzó a regir desde primera hora del día, desencadenando reacciones y críticas de diversos sectores.
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Javier Milei llamó a sesiones extraordinarias a partir del 26 de diciembre y hasta el 31 de enero (Foto: TN/Juan Pablo Chaves).
El decreto, que aborda la desregulación económica, enfrenta resistencia y reclamos de varios sectores, junto con advertencias de la oposición sobre la intención de derogarlo en el Congreso. A pesar de las protestas, la normativa permanece vigente hasta que el Congreso tome una decisión al respecto.
Entre los puntos más destacados del decreto se encuentra la declaración de la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025".
Se deroga la ley de Alquileres, permitiendo que los nuevos contratos se acuerden entre las partes en cualquier moneda y mediante el índice de actualización acordado entre el propietario y el inquilino. También se elimina el límite de adquisición de tierras por parte de extranjeros y se suprimen diversas leyes, incluyendo la de abastecimiento, la ley de Góndolas y otras relacionadas con los derechos de usuarios y consumidores.
En el ámbito de la salud, se eliminan restricciones como la obligatoriedad de que las recetas médicas indiquen medicamentos genéricos sin marcas comerciales, avanzando hacia la receta electrónica. Además, se levanta la restricción de precios al costo de las prepagas.
En el ámbito laboral, el decreto desregula las contrataciones y flexibiliza el mercado laboral, duplicando el período de prueba y anulando la ley que duplica las indemnizaciones en casos de relaciones laborales informales o por menos horas trabajadas.
Sin embargo, estas medidas laborales también restringen el derecho a la huelga en ciertas actividades consideradas servicios esenciales, las cuales no podrán operar por debajo del 75% de su servicio normal.
Estas modificaciones han generado un fuerte rechazo en sectores políticos, sociales y sindicales. La Confederación General del Trabajo (CGT) anticipa un paro general para el 24 de enero, fecha en la que el Congreso podría discutir tanto este DNU como la ley Ómnibus enviada por el Ejecutivo como complemento al decreto.
