El uso de las calles y veredas por parte de locales gastronómicos y culturales ha desatado una controversia que persiste en Rosario.
La implementación de las llamadas "islas callejeras", una figura creada por el Concejo Municipal en 2017 para permitir la ocupación de espacios públicos, ha generado un intenso debate entre los defensores de sus beneficios generales y los vecinos de Pichincha, que se quejan de la invasión del espacio hasta el punto de tener mesas incluso en sus ventanas. A pesar de un pedido de informes hecho por el Concejo hace más de un año y medio, la regulación de esta ocupación sigue en un limbo normativo.
La polémica se centra en si estas "islas callejeras" deberían permanecer o no. La ordenanza original nunca fue reglamentada, y durante la pandemia, la ocupación del espacio público se autorizó mediante decretos para permitir actividades al aire libre y mantener el distanciamiento social. Sin embargo, con la mayoría de la población vacunada y la emergencia sanitaria superada, surge un nuevo debate sobre su continuidad.
La Ordenanza 9.727 planteó la idea de transformar espacios de estacionamiento en áreas de esparcimiento temporal frente a negocios gastronómicos o culturales, con el propósito de fomentar el uso del transporte público en lugar de los vehículos particulares. Sin embargo, esta iniciativa se implementó por decreto durante la pandemia, sin cumplir con los lineamientos originales de la norma.
La figura de las "islas callejeras" no tiene una regulación clara. Aunque se establecen ciertos límites, como la necesidad de contar con la aprobación de los vecinos y asegurar que el espacio no sea de uso exclusivo de un local, su implementación ha sido caótica. La falta de regulación concreta ha permitido que los establecimientos utilicen el espacio de manera desorganizada, generando conflictos con los residentes.
Los comercios defienden la permanencia de estas islas argumentando su valor en términos de seguridad y sustentabilidad, reemplazando vehículos por espacios ocupados por personas. Sin embargo, los vecinos, especialmente en el barrio de Pichincha, expresan su molestia por la invasión del espacio público, afectando su descanso y la circulación en la zona.
La falta de regulación ha llevado a un uso anárquico del espacio público, desencadenando un enfrentamiento entre los sectores involucrados. Mientras los comercios gastronómicos ven estas islas como un aspecto positivo para la ciudad, los residentes señalan la necesidad de establecer normas claras para asegurar una convivencia adecuada entre comerciantes, vecinos y el uso público del espacio.
La concejala Fernanda Gigliani destaca la importancia de que el Estado garantice la convivencia y regule adecuadamente el uso del espacio público. Según Gigliani, es esencial establecer normas claras y un compromiso por parte del municipio para garantizar que se cumplan, evitando así una situación de caos en la ciudad.
