La organización Justicia, Encuentro y Perdón denunció que el aparato estatal se encuentra hipertrofiado para el control político pero atrofiado para la gestión de riesgos, obstaculizando la ayuda civil e internacional.
El panorama humanitario en Venezuela sumó una fuerte advertencia internacional tras conocerse un crítico informe de la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP). El documento técnico analiza el desempeño de la administración de Delcy Rodríguez frente a la catástrofe derivada del doblete sísmico que sacudió al territorio caribeño el pasado 24 de junio, determinando que existe una renuncia explícita del Estado a sus obligaciones básicas de asistencia civil. Según la entidad civil, las trabas burocráticas y el bloqueo a la ayuda humanitaria constituyen una violación directa a las normas del derecho internacional.
El reporte, titulado de manera categórica El Estado abdicó su deber de proteger, detalla que la crisis posterior a los terremotos dejó al descubierto las consecuencias estructurales de la desinstitucionalización que atraviesa el país. La investigación concluye que el Poder Ejecutivo venezolano priorizó durante los últimos años la consolidación de un sistema de vigilancia interna en detrimento de los organismos de prevención de catástrofes, bomberos y rescatistas, los cuales carecen de insumos mínimos para operar en zonas de desastre como Caracas o la región costera de La Guaira.
La paradoja de un Estado fuerte para coaccionar e inoperante para salvar
La organización humanitaria acuñó el término de "paradoja institucional trágica" para describir las prioridades del presupuesto público del Gobierno de Nicolás Maduro y su jefa de ministros. Los especialistas de JEP argumentaron que el desmantelamiento de la meritocracia en la administración pública nacional y el desfinanciamiento sistemático de la investigación científica redujeron a su mínima expresión las capacidades operativas de la defensa civil local, dejando a la población en un estado de desamparo absoluto frente a contingencias climáticas o geológicas.
"Se construyó un Estado fuerte para coaccionar pero inoperante para salvar", indica uno de los apartados medulares del informe de 18 páginas de extensión. Los técnicos de la ONG explicaron que las fuerzas de seguridad del territorio venezolano poseen una capacidad táctica avanzada para disolver manifestaciones públicas en cuestión de minutos, pero carecen de la articulación logística elemental y de los recursos materiales necesarios para instalar refugios dignos, distribuir agua potable o coordinar la remoción de escombros de manera eficiente.
La parálisis estatal tras los sismos del 24 de junio forzó un desplazamiento de responsabilidades hacia las comunidades organizadas, los colectivos vecinales y los voluntarios independientes. El informe resalta que fueron los propios ciudadanos quienes debieron asumir las tareas primarias de remoción de mampostería y rescate de sobrevivientes con herramientas domésticas. Esta mutación del aparato burocrático provocó que, en lugar de actuar como un facilitador ante la crisis socioambiental, las dependencias ministeriales se erigieran como obstáculos administrativos para una población civil golpeada por la pérdida de sus viviendas.
Damnificados a la intemperie y denuncias por cobros ilícitos
La dimensión de la crisis habitacional provocada por el movimiento telúrico fue refrendada en el plano internacional por dependencias de las Naciones Unidas que realizan tareas de monitoreo en el terreno. Las mediciones indican que las autoridades locales se mostraron incapaces de proveer soluciones de alojamiento transitorio seguras, derivando en asentamientos informales en espacios públicos. Las personas que perdieron la totalidad de sus pertenencias debieron improvisar carpas y paradores en áreas verdes desprovistas de servicios sanitarios básicos o redes de agua corriente.
"El 40% de los que han perdido sus hogares permanecen a la intemperie en parques e incluso en un campo de golf", advirtió Carlotta Wolf, portavoz en Ginebra del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La funcionaria internacional manifestó su preocupación por las condiciones de hacinamiento y la falta de garantías de seguridad para las familias desplazadas, quienes se encuentran expuestas a las inclemencias del tiempo en la periferia de la capital venezolana mientras las promesas oficiales de subsidios habitacionales continúan demoradas.
A la alarmante situación habitacional se sumaron denuncias penales por corrupción y manejos irregulares en las morgues y centros asistenciales administrados por el sector público. El informe de Justicia, Encuentro y Perdón recopiló testimonios que dan cuenta de una sistemática exigencia de pagos ilícitos de hasta 1.000 dólares a las familias para proceder a la entrega de los cadáveres debidamente identificados. Estas extorsiones económicas bloquean el derecho de los deudos a realizar la disposición final de los restos de sus allegados, profundizando el malestar social y la desconfianza en las instituciones judiciales.
Bloqueo de la asistencia internacional y censura informativa
El documento dedica un apartado exclusivo a las dificultades impuestas por la cancillería venezolana para el arribo de misiones de asistencia técnica del exterior. JEP denunció que el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores implementó trabas burocráticas deliberadas que demoraron el ingreso de contingentes de rescatistas internacionales equipados con tecnología de localización de personas. Asimismo, se registraron demoras inusuales en los registros obligatorios para organizaciones de voluntariado y trabas consulares para cargamentos de medicina de emergencia.
La estrategia de contención del Gobierno también abarcó el control estricto del flujo de datos y la cobertura periodística de los daños materiales. Corresponsales de agencias internacionales de noticias y enviados especiales reportaron maniobras de hostigamiento en retenes militares para evitar la filmación de las edificaciones colapsadas. El informe detalla una marcada inconsistencia entre las estadísticas de pérdidas estructurales difundidas en las transmisiones oficiales de televisión y los relevamientos independientes efectuados por ingenieros de la Universidad Central de Venezuela.
Los analistas consideran que este blindaje comunicacional busca minimizar el impacto político de la tragedia en un contexto de alta sensibilidad interna tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024. Al ocultar la magnitud del deterioro edilicio y perseguir la labor de los cronistas independientes, la administración de Delcy Rodríguez intenta mitigar las críticas por la falta de inversión estructural en infraestructura sismorresistente, consolidando una política de opacidad informativa que debilita los canales de rendición de cuentas ante la comunidad internacional.
De acuerdo con información difundida por: France 24
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