El fiscal federal Gerardo Pollicita comprobó consumos mensuales que superaban el salario del exjefe de Gabinete y detectó el uso de extensiones de subalternos para compras de tecnología.La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, sumó un capítulo determinante en los tribunales de Comodoro Py. La fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita constató que el exfuncionario realizó consumos por un total de 139 millones de pesos a través de diferentes tarjetas de crédito durante el ejercicio de su función pública. Las evidencias contables incorporadas al expediente complican la situación patrimonial del actual investigado, al detectarse un descalce sistemático entre sus ingresos declarados y el nivel de erogaciones mensuales.
Los informes financieros analizados por los peritos judiciales corresponden al período comprendido entre diciembre de 2023, fecha en la que Adorni ingresó a la administración pública como vocero presidencial tras la asunción de Javier Milei, y marzo pasado, cuando cesó en sus funciones como jefe de ministros. De acuerdo con los registros oficiales, el sueldo percibido por el exfuncionario rondaba los 3,5 millones de pesos mensuales hacia finales de 2025. Sin embargo, el entrecruzamiento de datos bancarios determinó que sus resúmenes de cuenta oscilaban habitualmente entre los 4 y los 6 millones de pesos por mes, superando con creces su capacidad formal de ingresos.
Compras bajo sospecha y el uso de plásticos de empleados públicos
El avance de la auditoría contable no solo dejó al descubierto el volumen de los gastos, sino también una modalidad de pago que los investigadores consideran indiciaria de una maniobra de ocultamiento. La Justicia detectó transacciones por más de 5,1 millones de pesos realizadas con tarjetas de crédito pertenecientes a dos empleados directos del área que coordinaba Adorni: Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, y Luis Aluju, personal dependiente de la Vocería Oficial.
La hipótesis que maneja la fiscalía sostiene que el uso de cuentas y plásticos a nombre de subalternos tenía como finalidad primaria evitar el registro directo de compras suntuarias en las declaraciones juradas del exjefe de Gabinete, particularmente ligadas a insumos tecnológicos de alta gama y componentes para videojuegos. Esta línea investigativa sumó un testimonio clave ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 7, donde Schiuma compareció como testigo y ratificó las sospechas de los peritos.
La funcionaria judicializó su declaración afirmando que en agosto de 2025 le prestó su tarjeta de crédito personal a Adorni para la adquisición de un monitor gamer de características avanzadas (un modelo Samsung Odyssey Oled G8) por un valor de 2.184.999 pesos. Según el testimonio de la directora general, el entonces jefe de Gabinete le reintegró el monto total de la compra en billetes de efectivo, una operatoria que la fiscalía evalúa como un mecanismo habitual para eludir la trazabilidad bancaria de sus fondos disponibles.
Refacciones en dólares y la intimación por justificación patrimonial
Los consumos con tarjeta de crédito representan solo una de las vertientes de la causa que instruye Pollicita. El expediente acumula declaraciones que apuntan a importantes movimientos de dinero en efectivo vinculados a propiedades familiares. El contratista Matías Tabar se presentó ante las autoridades judiciales y aseguró haber percibido la suma de 245.000 dólares en mano por la remodelación integral de la vivienda que el exfuncionario posee en el barrio privado Indio Cua, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.
Ante la contundencia de los testimonios y los informes preliminares de las entidades bancarias, la fiscalía se encuentra a la espera del dictamen técnico definitivo que elabora la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (Dafi). Este documento técnico resultará clave para evaluar la evolución patrimonial conjunta de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, determinando con precisión técnica si existe un incremento de bienes que no pueda ser sustentado por las vías legales de ingresos de la sociedad conyugal.
Una vez que el informe de la Dafi sea remitido a los tribunales, el fiscal Pollicita procederá a formalizar la intimación para que el exjefe de Gabinete brinde una justificación patrimonial pormenorizada de los 139 millones de pesos en consumos y las obras en moneda extranjera. En caso de que las explicaciones vertidas por la defensa del exvocero no resulten verosímiles ni se correspondan con la documentación respaldatoria, el Ministerio Público Fiscal solicitará de inmediato la declaración indagatoria de Adorni ante el juez federal Ariel Lijo, acelerando el procesamiento en una causa que debilita el núcleo de la narrativa de transparencia de la gestión saliente.
De acuerdo con información difundida por: La Capital
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