El Instituto Carson de Río Cuarto quedó sin alumnos y arrastra una deuda millonaria

El establecimiento educativo privado, vinculado hasta 2025 a la diputada nacional Laura Soldano, acumuló 41 millones de pesos en cheques rechazados por falta de fondos.

El Instituto Carson de la ciudad cordobesa de Río Cuarto atraviesa una parálisis institucional y financiera terminal. La entidad educativa privada, que funcionó bajo la influencia directa y los intentos de salvataje financiero de la actual diputada nacional de La Libertad Avanza, Laura Soldano, se quedó completamente vacía de estudiantes y enfrenta un complejo escenario judicial debido a una masiva acumulación de deudas y compromisos bancarios incumplidos.

La crisis del establecimiento del sur provincial explotó en las manos de la nueva conducción societaria que asumió la gestión formal tras el apartamiento de la legisladora el año pasado. El vaciamiento de la matrícula y el descalabro administrativo encendieron las alarmas en el sector educativo privado de la región, dejando al descubierto un pasivo que compromete la continuidad jurídica de la firma propietaria y el patrimonio de sus antiguos administradores.

Las auditorías contables preliminares determinaron que la institución educativa acumuló un total de 41 millones de pesos en cheques rechazados por el sistema financiero debido a la ausencia de fondos de cobertura en las cuentas corrientes oficiales. Este pasivo corriente, consolidado durante el último tramo de la intervención de la diputada libertaria y profundizado en el ciclo lectivo en curso, originó una serie de intimaciones y demandas por parte de proveedores de servicios, personal docente y locadores inmobiliarios.

El descalabro financiero y la pérdida total de la matrícula escolar

La degradación del Instituto Carson fue un proceso paulatino que afectó de manera directa la confianza de la comunidad educativa local. El colegio llegó a contar con una plantilla estable de 130 alumnos distribuidos en sus diferentes niveles de enseñanza, una base operativa que permitía financiar los costos fijos mediante el cobro regular de cuotas mensuales y aranceles especiales complementarios.

Sin embargo, las recurrentes irregularidades administrativas, los retrasos en los pagos de los salarios del personal docente y la incertidumbre respecto de la validez oficial de los planes de estudio provocaron una migración masiva de los estudiantes hacia otras instituciones de gestión privada y estatal de Río Cuarto. Para el inicio del presente ciclo, el padrón de alumnos se redujo a cero, una situación inédita para el sistema educativo de la ciudad que dejó al edificio escolar sin actividad áulica.

La caída a cero de los ingresos por matriculación interrumpió de forma definitiva el flujo de caja necesario para afrontar el plan de pagos que Soldano había diseñado antes de abocarse de lleno a la actividad legislativa nacional. Los cheques sin fondos emitidos por la administración del instituto comenzaron a rebotar en cadena en las entidades bancarias locales, afectando la cadena de pagos de pequeñas empresas de mantenimiento, librerías y distribuidores de material pedagógico de la zona.

El rol de la diputada Laura Soldano y los intentos de salvataje

La vinculación de la diputada nacional Laura Soldano con el Instituto Carson constituye el núcleo del debate político y judicial en el sur de Córdoba. La referente de La Libertad Avanza ejerció un control operativo e institucional estrecho sobre la entidad hasta fines de 2025, período en el cual intentó implementar un programa de reestructuración financiera para sanear las cuentas que ya arrastraban saldos rojos de ejercicios anteriores.

Durante su etapa al frente del colegio, Soldano buscó reconvertir el perfil de la institución mediante convenios de capacitación digital y la promesa de subsidios estatales que finalmente no se concretaron o resultaron insuficientes para contener el déficit operativo mensual. La transición hacia la nueva conducción se realizó bajo un clima de hermetismo, con promesas de regularización patrimonial que quedaron truncas ante la aparición de nuevas obligaciones fiscales vencidas y no declaradas en los balances de traspaso.

La actual conducción del Carson, que asumió con el objetivo de relanzar el proyecto pedagógico, acusó penal y civilmente a la administración previa por ocultamiento de información contable y emisión de órdenes de pago sin el respaldo líquido correspondiente. La defensa formal de la diputada nacional desvincula su responsabilidad directa de los últimos cheques rechazados, argumentando que las firmas de los documentos corresponden a los nuevos apoderados legales tras la cesión de acciones concretada en los últimos meses del año pasado.

Consecuencias judiciales y el impacto en el sector educativo de Río Cuarto

La acumulación de deudas por 41 millones de pesos derivó en el inicio de un proceso de verificación de créditos en los tribunales ordinarios de Río Cuarto. Abogados representantes de los acreedores analizan solicitar la quiebra fraudulenta de la sociedad comercial que sustentaba legalmente al colegio, una medida que habilitaría a la Justicia a investigar la trazabilidad de los fondos y a evaluar si existió un desvío de activos hacia cuentas particulares antes de la parálisis del establecimiento.

El impacto del cierre definitivo del Instituto Carson excede el plano estrictamente comercial y repercute en el esquema de supervisión de los colegios privados de la provincia de Córdoba. La Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (DIPE) inició una investigación administrativa interna para determinar los niveles de responsabilidad de los inspectores regionales, quienes debían monitorear la viabilidad institucional de una escuela que dejó de prestar servicio efectivo dejando a decenas de familias con trámites de pases escolares pendientes.

El personal docente y no docente que desempeñaba tareas en la institución conformó una comisión de damnificados para reclamar el pago de las indemnizaciones por despido indirecto y las cargas previsionales adeudadas, las cuales no fueron abonadas por ninguna de las administraciones en pugna. Las proyecciones de los peritos contables sugieren que el pasivo real consolidado del instituto podría duplicarse una vez que se incorporen las demandas laborales con sentencia firme y las multas acumuladas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

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De acuerdo con información difundida por: LETRA P