La Justicia rosarina dispuso la libertad bajo restricciones de Rubén L., el asistente escolar de 55 años, pese a la oposición de la Fiscalía.
El escándalo institucional y judicial que sacude al Jardín de Infantes Nº 261 “Paulo Freire”, ubicado en el barrio Empalme Graneros de la zona norte de Rosario, sumó un vuelco de significación. El juez de Primera Instancia Rafael Coria ordenó la externación de Rubén L., el portero de 55 años que permanecía detenido bajo la imputación de presuntos abusos sexuales en perjuicio de alumnos de la institución. La resolución modifica el escenario cautelar a menos de un mes de iniciadas las actuaciones penales que conmocionaron a la comunidad educativa local.
La decisión jurisdiccional se materializó durante una audiencia de revisión de la medida coercitiva celebrada en el Centro de Justicia Penal de Rosario. A pesar de que la fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, Julia Feldman, rechazó de plano la externación y solicitó la prórroga de la prisión preventiva efectiva, el magistrado evaluó las nuevas evidencias y argumentaciones técnicas aportadas por la defensa del imputado. De este modo, se determinó suspender la detención que se encontraba vigente y con fecha de vencimiento pautada originalmente para el mes de septiembre.
A partir de este dictamen, el asistente escolar recuperó la libertad ambulatoria de forma inmediata, aunque continuará formalmente ligado al proceso penal en calidad de imputado. Las autoridades judiciales dictaminaron que la tramitación de la causa prosiga con el acusado en un régimen de libertad sujeta a estrictas reglas de conducta y supervisión estatal, orientadas a neutralizar eventuales riesgos de entorpecimiento probatorio o peligro de fuga durante la etapa de recolección de pruebas de cargo.
Restricciones severas y prohibición de acercamiento al establecimiento
La resolución dictada por el juez Coria contempla un paquete de medidas restrictivas de cumplimiento obligatorio para el imputado. El magistrado impuso la prohibición absoluta para que Rubén L. abandone los límites territoriales de la provincia de Santa Fe, fijando como fecha límite inicial para este control el próximo 3 de noviembre. Asimismo, el procesado deberá comparecer de manera quincenal y obligatoria ante las oficinas de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) para certificar su sujeción al proceso y fijar su domicilio legal.
El andamiaje de protección judicial hace especial hincapié en la seguridad de los menores involucrados y de la propia comunidad escolar de Empalme Graneros. El juez dispuso una restricción de acercamiento recíproco por un radio mínimo de 500 metros, distancia que el imputado debe mantener respecto del edificio escolar del Jardín Nº 261 y de los domicilios particulares de cada una de las familias que formalizaron las denuncias en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
"El imputado tiene estrictamente prohibido mantener cualquier tipo de contacto con las víctimas, sus progenitores o allegados directos", detalla la resolución. Este bloqueo de comunicación rige de manera presencial, mediante la intermediación de terceras personas o a través de cualquier plataforma digital de mensajería y redes sociales. El quebrantamiento de cualquiera de estas pautas de conducta derivará en la revocación automática del beneficio y el inmediato reingreso del portero a un establecimiento de reclusión del Servicio Penitenciario provincial.
El impacto institucional en la comunidad educativa de la zona norte
La detención original del asistente escolar se había concretado el pasado 17 de junio, en un contexto de extrema tensión social en el barrio. La difusión de los presuntos hechos de abuso en el interior del establecimiento de gestión estatal desató una serie de protestas vecinales en las puertas del jardín, que incluyeron cortes de calle, quema de neumáticos y reclamos de justicia por parte de los padres de los alumnos. La magnitud de los incidentes territoriales forzó la intervención directa de las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.
Como consecuencia inmediata del conflicto y para garantizar la preservación de las pruebas, la cartera educativa provincial dispuso en su momento el cierre temporal de las actividades áulicas de la institución. De forma simultánea, las autoridades ministeriales avanzaron con el desplazamiento preventivo de la totalidad del cuerpo directivo del Jardín “Paulo Freire” y de los docentes a cargo de las salas afectadas, abriendo sumarios administrativos internos para deslindar las responsabilidades del personal por presunta omisión o falta de activación de los protocolos ante sospechas de vulneración de derechos de las infancias.
La reconfiguración del estado de libertad del portero genera preocupación entre las familias denunciantes, quienes en las últimas horas comenzaron a coordinar reuniones informativas junto a sus asesores legales para evaluar los pasos procesales a seguir. Desde el entorno de los damnificados manifestaron el temor de que la liberación del principal investigado retraiga la participación de nuevos testigos o condicione la realización de las pericias psicológicas bajo el sistema de Cámara Gessell que restan cumplimentar sobre los menores.
El Ministerio Público de la Acusación avanza con las pericias técnicas
Pese al revés que significó la liberación del imputado para la estrategia de la Fiscalía, la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual ratificó que la investigación penal preparatoria se encuentra en pleno desarrollo y con medidas de alta complejidad en curso. Las pesquisas judiciales mantienen bajo la lupa tres hechos concretos de presunto abuso sexual que habrían ocurrido en distintas dependencias del jardín de infantes durante el presente ciclo lectivo, afectando a alumnos de las salas de nivel inicial.
El equipo de trabajo de la doctora Feldman concentra los esfuerzos técnicos en el procesamiento del material recolectado por los peritos informáticos de la Policía de Investigaciones (PDI) y en las conclusiones de las entrevistas preliminares desarrolladas por el cuerpo de psicólogos oficiales. El MPA prevé incorporar en el corto plazo los informes socioambientales y los testimonios del personal de reemplazo que asumió la conducción pedagógica del establecimiento tras la intervención del Ministerio de Educación.
Los plazos procesales corren de cara al próximo hito del litigio, pautado para los primeros días de noviembre, fecha en la que vencerá el primer tramo de las restricciones de viaje impuestas al portero. Para esa instancia, la Fiscalía aspira a contar con la consolidación de los elementos probatorios necesarios que permitan requerir la audiencia de control de acusación previa al pedido de elevación de la causa a juicio oral y público, en un proceso que mantiene en vilo la discusión sobre la seguridad y los mecanismos de control del personal no docente dentro de los establecimientos escolares de la provincia.
De acuerdo con información difundida por: Versión Rosario
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.