El gobernador de Santa Fe gestiona un adelanto de coparticipación por 400.000 millones de pesos para compensar las acreencias previsionales retenidas por la administración central.
El gobierno de la provincia de Santa Fe formalizó su estrategia para ingresar al programa de saneamiento y compensación de deudas recíprocas que coordina el Poder Ejecutivo nacional. El gobernador Maximiliano Pullaro instruyó a sus equipos económicos para intentar incluir un adelanto de coparticipación federal por un monto de hasta 400.000 millones de pesos dentro del esquema técnico de conciliación de obligaciones, con el propósito central de recuperar el financiamiento correspondiente a un año del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del empleo público provincial.
La determinación de la Casa Gris se produce en el marco de la apertura del Régimen de Reparación Federal dispuesto por la Casa Rosada, un mecanismo diseñado para extinguir deudas mutuas entre la Nación y los distritos del interior mediante la entrega de activos, tierras fiscales o la flexibilización de partidas coparticipables. Para la gestión santafesina, la acumulación de acreencias por la parálisis de las transferencias directas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) representa el principal cuello de botella de las finanzas locales, lo que motivó un reclamo administrativo ante los ministerios de Economía y del Interior.
El planeamiento santafesino contempla utilizar los créditos a favor para cancelar los compromisos que la provincia mantiene con diversos organismos descentralizados nacionales, buscando equilibrar las cuentas públicas sin resentir el plan de inversión en obra pública. Los técnicos del Ministerio de Economía provincial consideran que el reconocimiento de estas partidas resulta indispensable para dar previsibilidad al sistema previsional propio, el cual debió ser asistido de forma exclusiva con recursos del tesoro santafesino durante los últimos ejercicios fiscales debido al corte total de los flujos automáticos federales.
El impacto del rojo previsional en las finanzas de Santa Fe
La Caja de Jubilaciones de Santa Fe arrastra un desequilibrio estructural que se agudizó de manera drástica a partir de la decisión del gobierno nacional de suspender los anticipos mensuales que por ley corresponden a aquellas provincias que decidieron no transferir sus sistemas previsionales a la órbita de la ANSES durante la década de 1990. El monto global de 400.000 millones de pesos que Pullaro pretende convalidar en el plan de canje equivale a la estimación técnica del costo de cobertura del sistema previsional durante un año calendario completo, una cifra que condiciona el margen de maniobra de la administración santafesina.
El descalce financiero forzó al Ejecutivo provincial a promulgar una reforma previsional integral para intentar contener el crecimiento del gasto corriente del sector pasivo. Sin embargo, las proyecciones de las planillas de recaudación locales demuestran que las modificaciones normativas internas requieren de la contraparte del financiamiento federal previsto en los pactos fiscales previos para alcanzar un punto de equilibrio real. La incorporación de estos fondos en el esquema de compensación mutua funcionaría como una vía de cancelación directa, evitando que la provincia deba recurrir a esquemas de endeudamiento en el mercado financiero abierto o a la postergación de pagos a proveedores del Estado.
El reclamo técnico de Santa Fe se sustenta en los acuerdos bilaterales ratificados por leyes de presupuesto nacionales sucesivas, las cuales obligan a la administración central a simular los costos que asumiría si las cajas provinciales hubiesen sido transferidas a la Nación. Los auditores de la provincia terminaron de consolidar las planillas históricas demostrando que la falta de actualización de las partidas de ANSES licuó los envíos reales, transformando una asistencia que originalmente cubría el 70% del déficit en un aporte marginal que actualmente no llega a cubrir el 10% del desequilibrio operativo diario de la estructura previsional.
Las negociaciones con la Casa Rosada por el Régimen de Reparación Federal
La incorporación de Santa Fe al programa de compensación abre una compleja instancia de negociación con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el equipo de asesores de la Jefatura de Gabinete. El gobierno nacional promueve el canje de pasivos principalmente mediante la transferencia de inmuebles del Estado nacional en desuso, rutas nacionales que requieran inversión para su mantenimiento o concesiones de servicios, mientras que el Palacio de Hacienda santafesino prioriza la obtención de bonos líquidos o la afectación de recursos tributarios de goteo diario que refuercen la tesorería provincial de forma inmediata.
Las reuniones técnicas bilaterales continuarán desarrollándose en la ciudad de Buenos Aires para unificar los criterios de auditoría respecto de los montos consolidados. El principal punto de discusión radica en el índice de actualización aplicable a las deudas históricas; mientras que la provincia exige la aplicación de tasas activas bancarias que preserven el valor real de los fondos retenidos frente a la inflación acumulada, las dependencias nacionales proponen esquemas de quita o consolidación a valores nominales que reducirían de forma sustancial el impacto del recupero para el erario provincial.
La estrategia política de Pullaro incluye la coordinación de acciones con otros gobernadores del bloque de la Región Centro y del espacio de Juntos por el Cambio que atraviesan situaciones de asfixia financiera idénticas por el parate previsional. La intención de los mandatarios provinciales es conformar un frente de negociación unificado que impida un tratamiento discrecional por parte de la Casa Rosada y asegure que las provincias que mantuvieron el orden fiscal de sus cuentas públicas no sean penalizadas en el reparto definitivo de los activos disponibles en el plan de canje de deudas.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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