El juez Marcelo Martínez De Giorgi aceptó un planteo de la defensa del empresario Mauricio Novelli, limitando el rol de la acusación particular en el expediente que investiga el presunto acuerdo financiero con Javier Milei.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó una resolución de alto impacto político y judicial al hacer lugar a un planteo de la defensa del empresario Mauricio Novelli, imputado principal en la denominada "Causa Libra". A través de este fallo, el magistrado dispuso el apartamiento inmediato de los querellantes particulares que impulsaban la acción penal, una decisión que reconfigura el escenario procesal y debilita de manera directa el avance de la investigación orientada a determinar los vínculos financieros entre el entorno corporativo y el Poder Ejecutivo.
La resolución judicial representa un severo revés para los sectores que buscaban profundizar en la hipótesis de un pacto espurio y millonario. La causa penal se inició con el objetivo de comprobar si existió un acuerdo económico ilegal entre Novelli y el presidente de la Nación, Javier Milei, diseñado presuntamente para utilizar la estructura de difusión oficial y la influencia pública del mandatario con el propósito de promocionar y valorizar de forma artificial la criptomoneda Libra en el mercado financiero local.
Con la salida de las querellas del expediente, la conducción exclusiva de la carga de la prueba y el impulso de las declaraciones indagatorias quedan delegados de manera única en el Ministerio Público Fiscal. Especialistas en derecho procesal penal señalan que esta situación suele ralentizar el ritmo de las instrucciones complejas, ya que se pierde el rol de contralor y la capacidad de sugerir medidas de prueba independientes que aportaban los abogados representantes de los damnificados directos.
Los fundamentos jurídicos de Martínez De Giorgi
Para justificar la exclusión de los particulares damnificados, el juez Martínez De Giorgi analizó los alcances del concepto de "ofendido de manera directa" que establece el Código Procesal Penal de la Nación. La defensa de Mauricio Novelli, coordinada por sus asesores letrados, había argumentado que las asociaciones civiles y los denunciantes particulares que se presentaron en el expediente no poseían una afectación patrimonial o institucional directa que justificara su rol de coadyuvantes de la fiscalía en una causa por presuntos delitos contra la administración pública.
El magistrado coincidió con el planteo del imputado al determinar que los presuntos delitos investigados en este tramo de la causa resguardan bienes jurídicos de carácter colectivo, cuya defensa corresponde constitucionalmente al fiscal de la causa y no a particulares de forma individual. Esta interpretación técnica restringe el acceso de los abogados querellantes a las actas de las declaraciones, el control de las pericias informáticas sobre las billeteras virtuales y la posibilidad de apelar futuros pedidos de sobreseimiento o falta de mérito.
"La admisión de la querella debe ser interpretada de manera restrictiva cuando los hechos investigados orbitan en torno a delitos de orden público", sostiene un fragmento del dictamen judicial que fundamenta la resolución. De esta manera, el juzgado cerró la ventanilla procesal a los sectores de la oposición y particulares que pretendían utilizar la plataforma judicial para acceder a los registros de ingresos a la Quinta de Olivos y a los cruces de llamadas telefónicas entre los imputados y los asesores del entorno presidencial.
El origen del expediente y la hipótesis del acuerdo millonario
La causa conocida como el caso Libra comenzó a sustanciarse a partir de una serie de denuncias cruzadas que señalaban un vertiginoso incremento en el volumen de operaciones de la criptomoneda homónima, coincidiendo con declaraciones públicas y menciones sutiles en los canales de comunicación digital de la fuerza de gobierno. Los denunciantes sostenían que Mauricio Novelli había financiado de manera irregular actividades de campaña o asesorías externas a cambio de un guiño regulatorio que facilitara la inserción de sus activos digitales en los sistemas de pago nacionales.
La investigación técnica preliminar intentaba trazar una serie de transferencias financieras que se sospecha se realizaron mediante cuentas puente en el exterior, antes de consolidarse en billeteras frías no declaradas. La hipótesis central de la fiscalía apuntaba a que el esquema de promoción no se limitaba a un apoyo ideológico al ecosistema de las finanzas descentralizadas, sino que escondía un contrato de contraprestación económica con un flujo de retornos en divisas virtuales difícilmente rastreables por los organismos de control fiscal como la AFIP o la Unidad de Información Financiera (UIF).
Antes de este fallo adverso para la acusación, los peritos tecnológicos de las fuerzas de seguridad habían comenzado a desentrañar la arquitectura de los servidores asociados a las empresas de Novelli. Sin embargo, la exclusión de los técnicos propuestos por la querella genera incertidumbre sobre la continuidad y la profundidad del análisis de los metadatos de las comunicaciones y los contratos inteligentes que regulaban la emisión del criptoactivo cuestionado.
Impacto en el escenario político y las próximas medidas
El apartamiento de los querellantes generó repercusiones inmediatas en los pasillos del Congreso de la Nación, donde la comisión de Finanzas seguía de cerca el desarrollo del proceso judicial. Sectores vinculados a la oposición manifestaron que la resolución de Martínez De Giorgi consolida un escenario de opacidad que dificulta el esclarecimiento de las relaciones entre el capital financiero tecnológico y los funcionarios públicos. Por el contrario, desde el bloque oficialista recibieron la noticia como un límite justo a lo que califican como una maniobra de persecución judicial orientada a desgastar la figura presidencial.
En el plano estrictamente tribunalicio, la fiscalía deberá definir en los próximos días si convalida la línea de investigación que venían construyendo los querellantes apartados o si reconfigura el objeto del proceso para centrarse únicamente en presuntas infracciones cambiarias o lavado de activos por parte de Novelli, desligando la responsabilidad del Jefe de Estado. La falta de impulso particular deja al fiscal ante la disyuntiva de profundizar la recolección de pruebas informáticas en el exterior o avanzar hacia un pedido de sobreseimiento que archive de forma definitiva las sospechas sobre el entorno de Javier Milei.
El devenir de la causa Libra se enmarca en un contexto de creciente debate sobre la regulación de las criptomonedas y los activos digitales en la economía argentina. Mientras el Gobierno nacional promueve la desregulación de los contratos y la libre elección de monedas, los tribunales federales de Comodoro Py empiezan a transformarse en el escenario donde se dirimen los límites legales entre la legítima promoción de la tecnología financiera y el tráfico de influencias mediante instrumentos de la nueva economía digital.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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