La Justicia santafesina fijó una base de USD 52,1 millones para la venta de la histórica cooperativa láctea SanCor, abriendo un proceso de licitación pública que ya despierta el interés de al menos seis grupos empresarios nacionales e internacionales.
El precio de la quiebra y el desglose de los activos
El juez Marcelo Gelcich, a cargo del expediente de la quiebra indirecta, habilitó formalmente los pliegos de la licitación para reactivar la estructura productiva. El valor total de base se determinó mediante peritajes técnicos y quedó dividido en dos grandes bloques económicos: las instalaciones industriales y el capital marcario.
La tasación judicial asignó USD 27,4 millones al conjunto de las seis plantas de producción distribuidas en las provincias de Santa Fe y Córdoba. Por su parte, el paquete de activos intangibles, que abarca la marca insignia y sus segundas líneas comerciales, se valuó en USD 24,7 millones, consolidándose como uno de los principales atractivos de la operación por su nivel de penetración en el consumo masivo argentino.
Dentro del esquema de propiedad intelectual, la marca principal SanCor se tasó de forma individual en USD 18,7 millones. Las submarcas reconocidas del portafolio, entre las cuales se encuentran líneas tradicionales como Mendicrim, Tolem y Quesabores, sumaron de manera conjunta otros USD 6 millones a la base fijada por el tribunal interviniente.
Seis interesados en la principal cuenca láctea
El proceso licitatorio ya cuenta con seis oferentes que iniciaron consultas institucionales y análisis de factibilidad técnica sobre los pliegos. Las alternativas bajo estudio contemplan tanto propuestas individuales por unidades específicas de producción como estrategias de adquisición integral de toda la firma en quiebra.
Entre los principales nombres del ámbito empresario local trascendió la postulación de Gustavo Scaglione, titular de firmas multimediales en el interior del país y participante de holdings de comunicación nacionales. El empresario evalúa la presentación de una oferta global articulada en conjunto con inversores privados del exterior para capitalizar tanto la infraestructura fabril como la distribución comercialista.
Para formalizar la presentación en la licitación, cada uno de los grupos interesados deberá abonar un pliego tasado en USD 10.000 y depositar una garantía equivalente al 10% del total de la oferta formulada. Las propuestas económicas se canalizarán en dólares estadounidenses y la adjudicación final exigirá el pago completo en un plazo perentorio de 20 días corridos a partir de la notificación oficial.
La valuación particular de las plantas productivas
El patrimonio industrial a subastar comprende seis establecimientos productivos clave en la región centro del país. La planta de Devoto, ubicada en Córdoba y especializada en la elaboración de leche en polvo, manteca y crema, lidera las estimaciones económicas con una base individual de USD 7 millones.
En territorio santafesino, la sede de Gálvez —dedicada al fraccionamiento y empaque final de mercadería— se ubicó en un escalón posterior con un piso de USD 5,5 millones. Los establecimientos cordobeses de La Carlota y Balnearia recibieron tasaciones idénticas de USD 5 millones cada uno, mientras que la planta de San Guillermo, enfocada en variedades de quesos, quedó establecida en USD 2,5 millones.
La planta de Sunchales, considerada históricamente el nodo administrativo central de la cooperativa, recibió una quita particular del 20% en su valoración pericial debido a las consecuencias de un incendio registrado durante la primera semana de junio de 2026. Con este ajuste por siniestro, el complejo industrial quedó tasado con una base de USD 2,4 millones.
Deudas acumuladas y la garantía de continuidad laboral
La resolución judicial de apertura de venta se desencadenó tras la frustración anticipada del concurso preventivo iniciado a comienzos de 2025. El pasivo global consolidado de la cooperativa supera los USD 120 millones, reflejado en deudas fiscales, previsionales y comerciales insostenibles para la conducción societaria previa.
El expediente detalla que los pasivos postconcursales acumulados incluyen una deuda impositiva y previsional con el fisco por más de $6.300 millones de capital. Asimismo, los compromisos por salarios netos adeudados a la plantilla de personal superan los $12.700 millones, a los que se añaden obligaciones pendientes con el sistema de obras sociales, aseguradoras de riesgos del trabajo y entidades sindicales por otros $3.380 millones.
A pesar de la declaración formal de quiebra, la Justicia santafesina dispuso de forma expresa el mantenimiento de la continuidad operativa de la firma para evitar la pérdida definitiva del valor de los activos. La medida busca resguardar de forma directa las fuentes de trabajo de 914 empleados en relación de dependencia y minimizar los perjuicios económicos adicionales para la red de tamberos remitentes y proveedores de servicios de la región.
De acuerdo con información difundida por: Google Noticias
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