La presentación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, generó fuertes repercusiones políticas dentro de la propia estructura de La Libertad Avanza (LLA). Las contradicciones en sus informes fiscales y el avance de investigaciones en el ámbito penal encendieron las alarmas en el Congreso, donde legisladores oficialistas comenzaron a tomar distancia pública del funcionario, remarcando que el respaldo absoluto solo rige para el presidente Javier Milei.
La polémica se profundizó tras conocerse que el patrimonio declarado por Adorni para el período fiscal 2025 ascendió a 944,5 millones de pesos, lo que representa un crecimiento patrimonial superior al 775% en comparación con los 107,8 millones de pesos informados al cierre del año anterior. Esta situación, sumada a denuncias de la oposición por supuesta omisión maliciosa de activos y evasión fiscal, abrió grietas visibles dentro del bloque libertario en la Cámara de Diputados.
Distanciamiento interno y el límite del respaldo político
El diputado nacional Lisandro Almirón, integrante de la bancada de La Libertad Avanza, se convirtió en una de las primeras voces del oficialismo en marcar un límite claro respecto de la situación procesal del jefe de Gabinete. El legislador correntino evitó ensayar una defensa corporativa y enfatizó que la permanencia de Adorni en la administración pública depende exclusivamente de la voluntad de la Casa Rosada y no del bloque parlamentario.
La postura adoptada expone la incomodidad reinante en los pasillos del Congreso ante la posibilidad de que los cuestionamientos patrimoniales afecten la narrativa de transparencia de la fuerza gobernante. Los referentes oficialistas buscan encapsular el conflicto para evitar que la erosión en la imagen del jefe de ministros impacte directamente en la figura del primer mandatario nacional.
"Si el Presidente considera que el acompañamiento de Adorni es importante no puedo reprocharlo. Solo pongo las manos en el fuego por Javier Milei", afirmó Almirón. El legislador argumentó que el escenario actual se encuentra bajo órbita judicial y deslindó responsabilidades institucionales al indicar que la continuidad del funcionario dentro de la estructura gubernamental le corresponde de forma única al Poder Ejecutivo.
Denuncias penales por omisión patrimonial en la mira de la Justicia
El frente judicial contra Adorni se agravó con la presentación de una denuncia penal radicada por los diputados opositores Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, pertenecientes a la Coalición Cívica. La presentación judicial acusa formalmente al jefe de Gabinete por la supuesta comisión de los delitos de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas correspondientes a los períodos de 2024 y 2025, incorporando la figura de falsedad ideológica en documento público.
Los denunciantes sostienen que existió una supuesta maniobra deliberada destinada a ocultar activos fiscales para eludir controles de legalidad y cargas impositivas. La acusación pone el foco en el informe escrito de gestión que el funcionario presentó ante el Congreso de la Nación, una documentación que reviste carácter institucional y cuyas inconsistencias pueden acarrear sanciones de prisión que oscilan entre los tres y los ocho años según la legislación penal vigente.
"No puedo tomar una posición frente a una situación que desconozco. El rol del jefe de Gabinete tiene mucha relevancia. Su presencia en la mesa política así lo marca. El Presidente entiende que el acompañamiento de Adorni es importante en esta etapa",
Cifras bajo la lupa y el impacto político de la polémica
El fuerte incremento patrimonial declarado por el funcionario se convirtió en el principal eje de la discusión pública. Horas antes de que los documentos oficiales tomaran estado público, Adorni había intentado justificar la evolución de sus activos argumentando que los montos declarados correspondían a ahorros que previamente no habían sido formalizados ante los organismos de control. Sin embargo, las aclaraciones no disiparon las dudas en el arco parlamentario.
Los cuestionamientos no provienen únicamente de la oposición más dura. Bloques dialoguistas y aliados estratégicos del Gobierno manifestaron reparos respecto del impacto político que genera la investigación judicial en curso, en un contexto socioeconómico complejo donde el oficialismo promueve políticas de austeridad. La evolución del expediente patrimonial también encendió luces amarillas respecto de la participación del funcionario en directorios de empresas estatales estratégicas, tales como YPF, donde su continuidad institucional podría ser evaluada si la causa penal continúa su escalada en los tribunales.
"Evadir impuestos no está bien. Tenemos la presunción de inocencia, la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. La verdad va a ser lo que resuelva la Justicia. Se tendrá que evaluar en sede administrativa y luego, en lo procesal pena
De acuerdo con información difundida por: Google Noticias
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