La próxima semana Será el próximo jueves 18 para tratar el proyecto de propiedad privada, que tendrá nuevos cambios sobre la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales.
La Libertad Avanza dio un paso relevante en negociaciones con los bloques dialoguistas para sesionar en el Senado el próximo jueves 18 y debatir el proyecto de propiedad privada, que tendrá nuevos cambios sobre la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales.
Con el apoyo de los gobernadores, Milei avanza para vender sin límites las tierras a extranjeros LLA y los bloques dialoguistas mantuvieron este martes una reunión para consensuar los cambios sobre la venta de tierras, donde existen las mayores diferencias entre el oficialismo y las bancadas opositoras que vienen acompañando los proyectos del Gobierno.
Participaron del encuentro, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich; los presidentes de los bloques de la UCR, Eduardo Vischi; del PRO, Martin Goerling Lara; de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; de Despierta Chubut, Edith Terenzi; de Independencia Beatriz Ávila; de Primeros los Salteños, Flavia Royon; y del Frente de la Concordia, Carlos Arce. Una de las alternativas que estudian es que en algunos casos donde un Estado o una empresa asociada a un gobierno quiera comprar tierras cercanos a la frontera tenga que tener el respaldo del Congreso Nacional.
De todos modos, en estos nueve días deben escribir los cambios del proyecto para que puedan ir a la sesión con todos los acuerdos cerrados. En el resto de los casos, será el gobernador de una provincia quien deberá resolver si se aprueba o no la venta de tierras, pero para ello también deberá cada legislatura aprobar su propia ley de tierras. Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.
En la sesión del 18 de junio también podrán sumar los siete pliegos judiciales que hoy obtuvieron dictamen, entre los que figura el camarista Víctor Pesino, quien tuvo fuertes objeciones del peronismo por haber fallado a favor de la aplicación de la reforma laboral. También se evalúa que se vote un proyecto que este martes obtuvo despacho que impone hasta cárcel de 15 años por graves delitos ambientales y convenios internacionales. Además, consensuaron comenzar la próxima semana con reuniones informativas sobre la ley de Etiquetado Frontal y la ley de reforma de sociedades, la cual busca desregular de la conformación de las mismas, reduce la participación estatal y permite que se puedan armar con inteligencia artificial.
Los antecedentes de extranjeros dueños de tierras argentinas En 1996, el multimillonario inglés Joe Lewis compró 13 mil hectáreas que rodeaban Lago Escondido, en Río Negro, ubicado al pie de la Cordillera y a solo 6 km de Chile. Lo hizo a través de una empresa nacional con accionistas argentinos, ya que la ley 15. 385 impide la propiedad extranjera a menos de 50 km de distancia de la frontera.
Cercó las tierras, construyó una mansión y un aeropuerto privado y, durante casi 20 años, batalló judicialmente para evitar que le abrieran un acceso público al lago. El Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, tres años atrás, le dio la razón: el camino Tacuifi debía cerrarse y quienes quisieran acceder al lago tendrían que hacerlo por la montaña. El caso de Lago Escondido es uno de los más famosos ejemplos de extranjerización de las tierras en la Patagonia, pero no el único.
A nivel nacional, según un informe del Observatorio de Tierras, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. En superficie, esto supera los 13 millones de hectáreas: el equivalente a la extensión del país de origen de Lewis, Inglaterra. El proceso de extranjerización comenzó en los 2000 con el boom internacional de los precios de los alimentos, cuando el valor de la tierra se disparó y la devaluación facilitó la compra por parte de extranjeros.
Fue en ese contexto que, en 2011, el Congreso sancionó la ley 26. 737 para poner un límite del 15% a la compra de tierras por empresas o usuarios extranjeras. Un límite que el Gobierno quiere eliminar y que, la semana que viene, buscará derogar en el Senado con el apoyo de los gobernadores.
La Ley de Tierras Rurales de Sturzenegger El proyecto lleva el nombre grandilocuente de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y, como muchas de las iniciativas desreguladoras de la gestión libertaria, es impulsado por Federico Sturzenegger. Incluye varias modificaciones a la legislación vigente –como la flexibilización de las restricciones sobre el uso de terrenos incendiados, en la Ley de Manejo del Fuego, o trámites sumarísimos para desalojos, en el Código Civil–, pero uno de los puntos clave los introduce en la ley de Tierras Rurales.
“La Ley de Tierras es a las economías regionales lo que la Ley de Glaciares fue a la minería”, aseguró Sturzenegger, durante una jornada organizada por las Confederaciones Rurales Argentinas, en donde prometió que, de eliminarse los límites a la propiedad extranjera, ingresarían capitales por más de US$ 15.000 millones. El argumento del ministro de Desregulación era que, si se eliminaban todas las restricciones a la propiedad extranjera se desbloquearían inversiones en todas las zonas productivas del país. No es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar contra la Ley de Tierras Rurales.
Apenas asumió la presidencia, Javier Milei publicó el DNU 70/2023 que incluyó, entre decenas de derogaciones, la eliminación de la ley 26. 737.
De acuerdo con información difundida por : elDiarioAR.com
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