El entramado fiscal argentino cuenta este año con 150 impuestos, tasas y contribuciones distribuidos entre los tres niveles del Estado, un volumen que obstaculiza la actividad económica formal a pesar de una leve baja respecto del período anterior. La cifra surge del Vademécum Tributario elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que detalla el peso de las obligaciones fiscales en la estructura nacional, provincial y municipal.
El mapa de los impuestos en los tres niveles del Estado
La dispersión de los gravámenes genera una carga administrativa compleja para los contribuyentes y las empresas que operan en el país. De acuerdo con el relevamiento detallado de la entidad privada, el universo actual se divide en 40 tributos administrados por la Nación, 28 que corresponden a las órbitas provinciales y un total de 82 tasas o contribuciones que aplican los distintos municipios.
El volumen total representa una disminución en comparación con las 155 cargas fiscales que se encontraban vigentes durante el año previo. Esta contracción se explica de manera principal por la supresión de cinco gravámenes de carácter nacional en el marco de las reformas legislativas aplicadas por el Gobierno de Javier Milei. Entre las eliminaciones se destacan los impuestos internos que pesaban sobre los vehículos automotores, las embarcaciones deportivas, los seguros, la telefonía celular y los bienes suntuarios, además del fin del Impuesto PAIS que regía sobre las operaciones cambiarias.
Los municipios continúan liderando el listado cuantitativo al concentrar más de la mitad de las herramientas de recaudación del país. Las tasas por servicios urbanos, seguridad e higiene, habilitación de locales y controles ambientales componen un mapa heterogéneo que varía según la localidad en la que se radique la actividad económica o la vivienda del ciudadano.
La concentración de la recaudación efectiva en pocos gravámenes
La existencia de un número tan elevado de cargas fiscales contrasta de manera directa con la efectividad real del sistema de recaudación. Los analistas económicos advierten que el grueso de los ingresos fiscales no proviene de la multiplicidad de tasas locales, sino de un esquema fuertemente centralizado en un puñado de herramientas tradicionales.
Las proyecciones para el ejercicio actual indican que la presión tributaria consolidada en el territorio nacional se ubicará en torno al 26,6% del Producto Bruto Interno (PBI). Lo llamativo del esquema argentino es que apenas seis tributos concentran el 85% de todos los fondos que ingresan a las arcas del Estado, dejando a los restantes 144 instrumentos con una participación marginal en el financiamiento público.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se consolida como el principal motor de ingresos para las arcas del Tesoro, seguido muy de cerca por los aportes y contribuciones destinados al sistema de la seguridad social. En el pelotón que define la recaudación nacional también se posicionan el Impuesto a las Ganancias —aplicado tanto a personas humanas como a sociedades jurídicas—, el Impuesto al Cheque (créditos y débitos bancarios), el impuesto provincial a los Ingresos Brutos y la tasa de inspección, seguridad e higiene que perciben las administraciones municipales.
El impacto económico de las tasas municipales y provinciales
El entramado subnacional suele ser el que genera mayores distorsiones en las estructuras de costos de las pequeñas y medianas empresas. Ingresos Brutos, un tributo provincial que ha sido calificado históricamente por los economistas como uno de los más regresivos debido al efecto cascada que produce a lo largo de las cadenas de producción, representa por sí solo el 14,7% de la recaudación total consolidada.
Por su parte, los municipios apalancan su funcionamiento en las tasas de seguridad e higiene, que explican cerca del 2,6% del total recaudado a nivel país. No obstante, las administraciones locales complementan sus presupuestos mediante la creación de tasas específicas que van desde el monitoreo por cámaras de seguridad hasta contribuciones por el mantenimiento de redes de tránsito pesado, pasando por controles de envases o de impacto medioambiental.
Esta superposición de exigencias genera que una pequeña o mediana empresa promedio en la Argentina deba afrontar no solo el pago de los tributos de fondo, sino el costo de cumplimiento de decenas de regímenes de retención, percepción e información que complejizan la operatoria comercial diaria.
La distribución de los recursos fiscales
La normativa vigente, coordinada a través de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y los acuerdos de distribución secundaria hacia los municipios, determina un destino específico para cada peso que tributan los ciudadanos y las empresas.
Según el esquema de flujos proyectado, de cada 100 pesos que se recaudan en el país de manera global, el Tesoro Nacional recibe de forma directa 23,1 pesos para la administración de las obligaciones del Poder Ejecutivo Federal. El sistema previsional, gestionado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), absorbe la mayor porción individual con 28,3 pesos, destinados de manera exclusiva al pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) perciben en su conjunto 35,3 pesos derivados del reparto federal y de sus propias estructuras de recaudación directa. Por último, los municipios de todo el territorio nacional completan el esquema de distribución con una participación estimada de 13,3 pesos de la torta tributaria consolidada. La asimetría entre la cantidad de herramientas de cobro que poseen las intendencias y los fondos reales que terminan administrando expone la ineficiencia de sostener una estructura de 82 tasas locales frente a los grandes impuestos nacionales.
De acuerdo con información difundida por: Google Noticias
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