La oposición en la Cámara de Diputados acelera las negociaciones para conseguir el quórum reglamentario de 129 legisladores con el objetivo de convocar a una sesión especial el próximo martes 23 de junio, donde se debatirá un pedido de interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras el escándalo generado por las inconsistencias en su última declaración jurada patrimonial.
Las dudas en los bloques dialoguistas traban el quórum
El escenario legislativo presenta una profunda división entre los representantes de la provincia de Santa Fe, quienes reflejan las tensiones internas que atraviesan los bloques denominados "dialoguistas" en el Congreso Nacional. Mientras el peronismo y el socialismo avanzan de manera conjunta en la ofensiva, los legisladores alineados con el oficialismo provincial mantienen posturas dispares que complican la obtención de una mayoría contundente en el recinto.
Dentro del bloque Provincias Unidas, espacio que responde de forma directa a un grupo de mandatarios provinciales —entre ellos el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro—, conviven miradas incompatibles respecto a la conveniencia política de sostener o desbancar al ministro coordinador en este escenario de crisis.
Los diputados socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías se consolidaron como dos de los impulsores más activos de la convocatoria legislativa y confirmaron que ocuparán sus bancas para habilitar el debate. Por el contrario, los legisladores de extracción macrista integrados en esa misma bancada anticiparon que no formarán parte de la estrategia para abrir la sesión, aunque evalúan acompañar el pedido de explicaciones en caso de que la oposición logre reunir el número necesario por su cuenta.
El PRO endurece su postura ante el escándalo patrimonial
La novedad metodológica de las últimas horas radica en el giro estratégico del bloque del PRO, conducido por Cristian Ritondo. Desde la bancada amarilla dejaron trascender un marcado malestar con la situación judicial del funcionario y advirtieron que la permanencia de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete se volvió insostenible para los sectores que actúan como aliados parlamentarios del Ejecutivo.
"No hay una postura definida todavía sobre el quórum, pero estamos instando de manera directa a que el Gobierno nacional aparte a Adorni de su cargo; el Poder Ejecutivo tiene un margen de pocos días para resolver esta situación antes de la fecha fijada para la sesión", explicaron fuentes partidarias del espacio macrista ante la consulta de las agencias de noticias.
La encrucijada del PRO radica en la inconveniencia política de quedar pegados a la defensa de un funcionario cuestionado por omitir activos financieros, frente a la resistencia histórica del partido de confluir en una estrategia parlamentaria diseñada y ejecutada por el bloque de Unión por la Patria.
El origen del conflicto y las derivaciones judiciales
El foco de la controversia se desató luego de que Manuel Adorni presentara su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, en la cual consignó activos superiores a los 500.000 dólares. El funcionario argumentó públicamente que dichos fondos correspondían a "ahorros no declarados" que posteriormente fueron volcados a inversiones en criptoactivos y plataformas digitales.
Sin embargo, la filtración de datos que constan en el expediente judicial sugiere que el jefe de Gabinete habría percibido y movilizado parte de esos criptoactivos de forma posterior a su asunción como funcionario público, una situación que vulnera las normativas vigentes sobre ética pública e incompatibilidades en el ejercicio del Estado.
"Acá el problema principal es que el funcionario mintió de manera abierta ante la opinión pública y las instituciones", reconoció en estricto off a los medios de prensa un diputado nacional que habitualmente vota en sintonía con los proyectos girados por la Casa Rosada.
El impacto político en el territorio santafesino
La repercusión del caso alteró la convivencia de las fuerzas políticas en Santa Fe, donde los referentes locales de La Libertad Avanza optaron por un hermetismo absoluto y evitaron realizar declaraciones públicas en respaldo del funcionario nacional. Este silencio contrasta con la habitual dinámica de la fuerza libertaria de abroquelarse ante cuestionamientos externos.
A nivel local, el escándalo sumó un componente de discusión territorial al confirmarse que el concejal rosarino Juan Pedro Aleart también apeló al Régimen Simplificado de Ganancias, una herramienta fiscal que quedó bajo la lupa pública en paralelo a las derivaciones del patrimonio de Manuel Adorni.
La controversia se reaviva debido a que el edil de Rosario había estructurado su perfil público sobre un discurso centrado de forma exclusiva en la transparencia institucional y en la obligatoriedad de que los representantes del pueblo exhiban de forma detallada el origen y la evolución de sus ingresos financieros.
De acuerdo con información difundida por: La Capital
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