El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 423 que impone un estado de excepción por 60 días en casi la mitad del país para combatir una escalada de homicidios perpetrados por las bandas narcocriminales.El mandatario ecuatoriano dispuso una fuerte ofensiva que focaliza la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en diez provincias y tres cantones del territorio de manera simultánea. La disposición oficial se fundamenta en un recrudecimiento del panorama delictivo bajo la figura legal de grave conmoción interna, con una vigencia inicial fijada por los próximos dos meses y opción a prórroga.
A diferencia de las intervenciones del bloque de seguridad desplegadas a comienzos de este año, la normativa vigente desde este martes no incluye un toque de queda nocturno obligatorio para la población civil. Las restricciones se centran específicamente en la flexibilización de garantías constitucionales estratégicas para agilizar el accionar judicial frente a estructuras delictivas de alta complejidad en las regiones más convulsionadas del territorio nacional.
Suspensión de garantías constitucionales y allanamientos
La medida impulsada por el Ejecutivo establece la suspensión temporal de los derechos fundamentales a la inviolabilidad del domicilio y a la inviolabilidad de la correspondencia. Con este marco normativo, los uniformados tienen luz verde para realizar registros domiciliarios e interceptar comunicaciones privadas sin mediar una orden judicial previa, siempre que existan sospechas fundamentadas de actividades vinculadas al terrorismo local o al narcotráfico.
El decreto habilita también las requisiciones temporales de bienes y servicios del sector privado, una herramienta legal que faculta a las fuerzas gubernamentales a disponer de vehículos, maquinaria o combustibles si la urgencia de los operativos fronterizos o urbanos así lo requiere. Desde el Palacio de Carondelet explicaron que la intención principal es contrarrestar la dinámica mutación geográfica de las bandas criminales, que se reconfiguran para eludir la acción militar.
Radiografía de la violencia criminal y focos rojos
El informe de inteligencia técnica que acompaña la disposición presidencial detalla un registro de 879 homicidios intencionales en las zonas afectadas, concentrados únicamente entre el 1 de mayo y el 12 de junio. Esta realidad empujó la intervención prioritaria en distritos de máxima peligrosidad urbana en el puerto principal de Guayaquil, como los sectores de Nueva Prosperina, Sur y Pascuales, considerados ejes neurálgicos para la logística de salida de estupefacientes.
La geografía de la intervención incluye áreas de la Costa como Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y Esmeraldas; la región andina de Pichincha y Azuay; Santo Domingo de los Tsáchilas, la zona amazónica de Sucumbíos —donde las autoridades alertaron sobre la incursión de grupos armados procedentes de Colombia— y los cantones específicos de La Maná, Las Naves y La Troncal.
El impacto de las organizaciones delictivas también tocó de forma directa al poder estatal e institucional en las últimas semanas. Uno de los detonantes de este endurecimiento en la política de seguridad fue el doble asesinato de la fiscal de Manta, Alexandra Bravo, y su hermana, un atentado que encendió las alarmas judiciales al transformarse en el tercer crimen contra funcionarios de la fiscalía regional en un lapso de 30 días.
Crisis de seguridad y la persistente respuesta militar
Ecuador atraviesa la peor crisis de seguridad de su historia reciente, una problemática estructural que lo llevó a cerrar el año anterior con una cifra récord de 9.216 homicidios intencionales, elevando la tasa de criminalidad a 50,9 casos por cada 100.000 habitantes. El dato adquiere dimensión al contrastarlo con las estadísticas del año 2020, cuando el indicador nacional se ubicaba en 8,1 puntos dentro de la escala internacional.
"La violencia criminal en el territorio nacional se presenta de forma dinámica y se reconfigura constantemente", señala el texto del decreto presidencial, que busca dar respaldo jurídico al patrullaje activo del ejército en las calles comerciales y residenciales. Con esta nueva orden de movilización, el país acumula cerca de 900 días bajo regímenes de excepción de manera intermitente desde que Noboa asumió la jefatura de Estado a finales de 2023.
La marcada estrategia oficial de militarización divide las opiniones en el plano social y político local. Mientras los sectores comerciales y empresariales de los distritos portuarios exigen mayor presencia estatal para frenar extorsiones y secuestros extorsivos, diversos colectivos de derechos humanos manifestaron preocupación por los límites difusos de la fuerza pública en las zonas residenciales marginadas.
De acuerdo con información difundida por: France 24
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