El Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino actualizó la nómina de delincuentes con pedidos de captura activos tras detener a un miembro clave de las organizaciones criminales de Rosario.
La reciente detención de un presunto delincuente conocido como "Narigón" Vázquez modificó el mapa del crimen organizado y la lista de los objetivos prioritarios para la Justicia en la provincia de Santa Fe. Con este arresto, la nómina de los criminales más buscados de la región se redujo a cinco personas, la mayoría vinculadas a estructuras del narcotráfico, homicidios resonantes y lavado de activos.
Para acelerar las capturas, el Poder Ejecutivo provincial mantiene vigente un programa de recompensas que oscila entre los 20 y los 60 millones de pesos. El sistema judicial y las fuerzas de seguridad coordinan tareas operativas para desarticular estos remanentes de bandas que disputan territorios en el sur santafesino.
Quiénes lideran la lista de sospechosos con recompensas millonarias
El perfil criminal más alto de la lista corresponde a Matías Ignacio Gazzani, de 29 años, por quien el Gobierno de Santa Fe ofrece una recompensa de 60 millones de pesos. Gazzani está sindicado como el presunto líder de "Los Menores", una organización delictiva con base en la zona noroeste de Rosario involucrada en extorsiones, venta de estupefacientes y balaceras.
Las investigaciones recientes de la Justicia provincial mencionaron de forma reiterada a Gazzani en legajos judiciales vinculados a crímenes de alto impacto público en la ciudad, entre ellos el doble homicidio de los referentes de la barra brava de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte y Daniel "Rana" Attardo, ocurrido a fines de 2024.
El segundo prófugo con mayor tiempo en la clandestinidad es Vicente Matías Pignata, por quien se ofrecen 35 millones de pesos. Pignata se encuentra evadido desde 2019 en el marco de causas tramitadas en el fuero federal por narcotráfico y lavado de activos, tras haber recibido una condena previa por comercialización de drogas y ser investigado por canalizar fondos ilícitos en el circuito económico formal.
Alianzas tácticas, sicariato y la protección a las bandas criminales
La nómina de requeridos por los tribunales locales incluye también a Jesús Maximiliano Eusebio y Facundo Nicolás Aguirre, con recompensas individuales fijadas en 30 millones de pesos. Ambos son considerados eslabones clave en la logística territorial de las bandas periféricas de la ciudad de Rosario.
Eusebio está imputado como presunto integrante de "La Mafilia", una organización liderada desde un establecimiento penitenciario por el recluso Leandro "Gordo" Vilches. La capacidad de ocultamiento de Eusebio generó sospechas internas dentro de la fuerza policial, al punto de que un efectivo de la policía santafesina fue imputado formalmente por facilitarle una vivienda cercana a los límites de Rosario para evitar los operativos de captura.
Por su parte, Aguirre es buscado por múltiples homicidios originados en las disputas por el control de los puntos de venta de drogas en la zona oeste de la ciudad. El sospechoso aparece mencionado de forma directa en expedientes penales que analizan homicidios cometidos en el barrio Vía Honda y en el triple crimen registrado tiempo atrás en Villa Banana.
Finanzas criminales y el cobro en efectivo bajo reserva de identidad
El quinto integrante de la lista oficial es Ramiro Gastón Escalante, con una recompensa de 20 millones de pesos por datos certeros sobre su paradero. A diferencia de las estructuras netamente territoriales, Escalante está sindicado como el responsable financiero y organizador de la banda de Lisandro "Limón" Contreras, dedicada a la administración de plataformas de apuestas clandestinas, creación de sociedades ficticias y transacciones con criptomonedas.
Para incentivar la colaboración ciudadana en estas causas complejas, el Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino implementó un mecanismo de pago directo que busca agilizar la entrega de fondos y sortear las demoras de los procesos judiciales tradicionales.
El cobro de estas sumas de dinero en efectivo no requiere que la causa penal cuente con una condena firme o que finalice el debate en los tribunales. Una vez que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ratifica que los datos brindados por el informante permitieron la localización exacta y detención del prófugo, el dinero estatal se entrega con reserva estricta de la identidad.
El procedimiento administrativo se realiza bajo la certificación de la escribanía del Poder Ejecutivo, evitando las sucursales bancarias tradicionales para resguardar la seguridad de la persona cooperante. Los canales institucionales precisaron que estos fondos provinciales coexisten con otras solicitudes activas dentro del programa nacional de recompensas del Ministerio de Seguridad de la Nación.
De acuerdo con información difundida por: La Capital
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