El sector agropecuario presiona por la quita de retenciones y la unificación cambiaria en medio de una fuerte caída de los precios internacionales.
El complejo agroexportador argentino atraviesa una etapa de reconfiguración forzada ante la administración nacional. Aunque los principales dirigentes de las entidades rurales coinciden con el rumbo macroeconómico general y el superávit fiscal que promueve el presidente Javier Milei, los productores del cordón de la soja libran cuatro batallas estructurales que condicionan la liquidación de divisas y el nivel de inversión tecnológica para la próxima campaña. La caída de los precios internacionales de los granos en los mercados de referencia y la persistencia de los costos logísticos internos aceleraron los reclamos de un sector que se siente el principal sostén financiero del país, pero que opera con márgenes de rentabilidad al límite.
La relación entre la Casa Rosada y las cámaras del campo ingresó en una fase de pragmatismo riguroso. El Palacio de Hacienda, comandado por Luis Caputo, reconoce la necesidad de divisas para fortalecer las reservas del Banco Central, pero mantiene inalterable su postura de no modificar el esquema impositivo en el corto plazo. Esta negativa gubernamental choca contra la realidad operativa de los productores de la zona núcleo, quienes advierten que el actual esquema de costos fijos amenaza con paralizar la renovación de maquinarias y reducir la superficie de siembra de cara al ciclo productivo del segundo semestre.
La presión por las retenciones en un escenario de precios internacionales a la baja
La primera y más compleja batalla del sector agropecuario se concentra en los derechos de exportación, un gravamen que la producción considera distorsivo y que mantiene a la soja con una alícuota fija del 33%. Los productores sostienen que el actual contexto internacional no es el mismo que el de los años de bonanza de las materias primas. La cotización de la oleaginosa en la Bolsa de Chicago registró un retroceso sostenido debido a las cosechas récord en Brasil y Estados Unidos, lo que redujo drásticamente el ingreso real de los establecimientos locales en comparación con los costos de los insumos dolarizados.
Desde la Sociedad Rural Argentina y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) insisten en que la promesa electoral de eliminar los impuestos a la exportación debe contar con un cronograma de reducción gradual previsible. El argumento técnico del campo radica en que las retenciones absorben la totalidad del margen de ganancia en los campos arrendados, que representan casi el 70% de la superficie cultivable en la provincia de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. Sin una baja impositiva, advierten que la inversión tecnológica en fertilizantes y semillas de alta calidad sufrirá una fuerte contracción, afectando los rendimientos futuros.
La unificación cambiaria y el final del esquema de liquidación preferencial
El segundo frente de conflicto técnico se vincula con la brecha cambiaria y la continuidad del denominado "dólar blend", el mecanismo que permite liquidar un 20% de las exportaciones al valor del circuito financiero informal y un 80% al tipo de cambio oficial mayorista. Los dueños de la tierra y los corredores de granos señalan que este sistema perdió efectividad debido al crawling peg mensual del 2% que implementa el Banco Central, un ritmo de devaluación oficial que corre por detrás de la inflación de los costos internos en pesos, como los fletes, la mano de obra y las tasas municipales.
"El productor no retiene la cosecha por razones especulativas, sino como una herramienta de resguardo de valor frente a la incertidumbre sobre el tipo de cambio definitivo", explican analistas del mercado físico de granos de Rosario. La exigencia sectorial apunta a una unificación cambiaria urgente y a la eliminación total del Impuesto PAIS para la importación de fertilizantes y agroquímicos, dos variables que distorsionan el precio de los bienes necesarios para iniciar las tareas de siembra y que quitan previsibilidad a los contratos de arrendamiento a largo plazo.
La infraestructura logística y el encarecimiento de los fletes hacia los puertos
La tercera disputa que enfrenta a los productores con la gestión nacional es el estado de la infraestructura vial y los costos del transporte terrestre. La decisión del Poder Ejecutivo de paralizar la totalidad de las obras públicas nacionales afectó los proyectos de ampliación de los accesos viales a las terminales portuarias del Gran Rosario, por donde se despacha más del 80% de la producción granaria del país. El deterioro de las rutas nacionales 34, 11 y A012 no solo incrementa el riesgo de siniestros viales durante los meses de cosecha gruesa, sino que eleva de manera directa los costos de mantenimiento de las flotas de camiones.
El componente del flete se transformó en un factor determinante para la viabilidad económica de las regiones productivas alejadas de los puertos marítimos y fluviales. Para un productor del norte de Santa Fe, Santiago del Estero o Salta, el costo de trasladar la producción en camión hasta las terminales portuarias del Paraná llega a representar hasta el 40% del valor total de la tonelada de soja comercializada. Ante la falta de inversión estatal en el sistema ferroviario de cargas, las cooperativas agrícolas exigen mecanismos de compensación fiscal o desgravaciones específicas para evitar el abandono de los campos marginales.
El debate por la ley de semillas y las exigencias ambientales de Europa
La cuarta batalla del agro combina la propiedad intelectual con las regulaciones comerciales del mercado internacional. Las empresas proveedoras de biotecnología presionan por una reforma de la Ley de Semillas vigente que garantice el cobro de regalías por el uso propio de las variedades desarrolladas, un punto que genera resistencias internas entre los pequeños y medianos productores federados. El Gobierno nacional mostró intenciones de avanzar en la desregulación de este mercado, pero los consensos parlamentarios aún están lejos de concretarse en el Congreso.
En paralelo, los exportadores deben adaptar sus estructuras operativas de forma inmediata a las nuevas exigencias de la Unión Europea, que prohíben la importación de materias primas provenientes de zonas deforestadas. Esta normativa ambiental internacional obliga al complejo agroindustrial a implementar sistemas de certificación digital complejos y costosos. Los dueños de la soja reclaman que el Estado actúe como un facilitador técnico y no como un ente burocrático que sume costos arancelarios a una actividad que ya opera con márgenes financieros mínimos frente a sus competidores directos de la región.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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