La Justicia investigará los movimientos en bitcoin de Manuel Adorni y pondrá bajo la lupa su patrimonio desde 2012

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó un peritaje técnico sobre la evolución de las criptomonedas y requirió informes a ARCA y ANSES para determinar si el jefe de Gabinete incurrió en enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa.

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, sumó una medida clave que busca auditar el origen de su fortuna. El fiscal federal Gerardo Pollicita dictó una serie de medidas de prueba orientadas a verificar la justificación patrimonial que el funcionario presentó de manera pública. La sospecha principal radica en la supuesta omisión maliciosa de una inversión en activos digitales que le habría reportado ganancias por 300.000 dólares, fondos que permanecieron fuera del radar fiscal hasta su reciente rectificación.

La fiscalía apunta a desentrañar la trazabilidad del dinero con el que se adquirieron bienes de alto valor en los últimos meses. El foco de la causa excede la función pública del actual ministro, ya que los requerimientos de información se retrotraen a más de una década atrás. La imputación penal inicial se originó a partir de las inconsistencias detectadas entre sus presentaciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y el salto cuantitativo en sus tenencias que justificó a través de fluctuaciones del mercado financiero.

El peritaje financiero a las inversiones digitales

Para verificar la veracidad de la coartada del jefe de Gabinete, la Justicia recurrió a un equipo técnico especializado. Pollicita encomendó a la Dirección de Asistencia Fiscal en Investigaciones (DAFI) la elaboración de un informe exhaustivo sobre la evolución de la cotización del Bitcoin en los últimos 13 años. El objetivo del Ministerio Público Fiscal es determinar si las declaraciones públicas del funcionario coinciden con las ventanas de oportunidad y los valores históricos que registró la divisa virtual entre 2013 y 2018.

Adorni había afirmado que el incremento de su patrimonio, el cual supera el medio millón de dólares en el último período analizado, respondía a una temprana y agresiva inversión en criptomonedas. La sospecha de los investigadores gira en torno a que estos activos se mantuvieron "en negro" y no fueron declarados en los plazos previstos por la normativa vigente para los aspirantes y miembros del Poder Ejecutivo. El rastreo de la fiscalía incluye además un relevamiento de fuentes abiertas, como entrevistas y conferencias, para cotejar los dichos previos del funcionario con sus balances contables formales.

Radiografía patrimonial extendida y el rol de su entorno

La medida judicial no se limitará a la figura del ministro coordinador, sino que alcanza de manera directa a su entorno familiar. El fiscal Pollicita resolvió ampliar el período de investigación hacia atrás para cubrir los últimos 14 años de actividad económica de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Se enviaron solicitudes formales de información a la Administración de la Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el fin de reconstruir la historia laboral y los ingresos percibidos por el matrimonio desde 2012.

Esta decisión busca establecer cuál era la capacidad de ahorro e inversión de la pareja antes de su inserción en la administración pública. El actual jefe de Gabinete declaró formalmente un patrimonio total cercano a los 945 millones de pesos. Los peritos contables deberán cruzar los saldos bancarios históricos, los consumos con tarjetas de crédito y las declaraciones impositivas anuales para determinar si existían fondos lícitos suficientes para fondear las carteras digitales que hoy justifican el crecimiento de sus activos.

Propiedades bajo sospecha y las derivaciones políticas

Más allá de los activos virtuales, los investigadores judiciales pusieron la lupa sobre adquisiciones inmobiliarias recientes que coinciden con su desempeño dentro de la estructura estatal. Entre los bienes señalados se encuentran una propiedad ubicada en el exclusivo country Indio Cuá, en el Gran Buenos Aires, y un departamento situado en el barrio porteño de Caballito. La Justicia busca determinar el origen de las divisas utilizadas para estas operaciones y los plazos en los que se cancelaron las correspondientes obligaciones comerciales.

La tramitación de la causa generó repercusiones inmediatas en el tablero político. Sectores de la oposición y de la propia coalición gobernante comenzaron a manifestar reparos ante la continuidad del funcionario en su cargo estratégico. Las presiones internas aumentan debido a la proximidad de compromisos institucionales de alto perfil, donde la presencia del jefe de Gabinete junto al presidente Javier Milei es cuestionada por legisladores locales, quienes solicitaron formalmente limitar su participación en comitivas oficiales hasta tanto se esclarezca su situación penal.

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De acuerdo con información difundida por: Versión Rosario