La Confederación General del Trabajo (CGT) nacional intervino formalmente en el conflicto de Granja Tres Arroyos tras el cierre de su planta en Entre Ríos, convocando a una mesa sectorial urgente en Buenos Aires para resguardar más de 900 puestos de trabajo y denunciar un presunto bloqueo patronal.
La parálisis por tiempo indeterminado de la principal planta de la firma avícola Granja Tres Arroyos, ubicada en la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay, escaló de forma definitiva hacia la escena política y gremial nacional. Ante la falta de avances en las negociaciones locales, la conducción central de la Confederación General del Trabajo (CGT) tomó la determinación de involucrarse de manera directa en el conflicto.
A través de sus representantes nacionales, la central obrera anunció la creación de una mesa sectorial ampliada. El encuentro clave se concretará en los próximos días en la histórica sede de la calle Azopardo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo explícito de forzar canales de diálogo institucionales y frenar el deterioro socioeconómico de los trabajadores de la región.
El conflicto, que mantiene en vilo a 900 familias de manera directa y a miles más de forma indirecta en el entramado productivo de la provincia, ingresó en una fase crítica tras sucesivas protestas en las rutas de acceso a la ciudad. Los sindicatos locales denuncian que la firma incurre en prácticas de estrangulamiento financiero sobre el personal como estrategia de presión corporativa.
El origen del cierre y las denuncias de lock-out patronal
La crisis formal se desató a finales de mayo de 2026, momento en que la empresa líder del mercado avícola argentino comunicó el cese por tiempo indeterminado de sus operaciones en la planta entrerriana. La justificación esgrimida por la compañía apuntó a una supuesta situación financiera delicada derivada de medidas de fuerza sindicales previas, a las que catalogó como inflexibles y desproporcionadas.
No obstante, las organizaciones gremiales rechazaron de forma unánime esta versión patronal y calificaron la medida como un lock-out o cierre patronal encubierto. Según explicaron los delegados de base, el conflicto laboral no provocó la parálisis, sino que fue la consecuencia directa de un proceso prolongado de incumplimientos salariales básicos por parte de la patronal.
La deuda de la firma con los operarios abarca liquidaciones completas de quincenas correspondientes a los meses de abril y mayo pasados. Frente a los reclamos iniciales, la empresa había propuesto un esquema excepcional de cancelación de haberes en cinco cuotas consecutivas, plan de contingencia que, según las actas presentadas en la Secretaría de Trabajo provincial, también fue incumplido.
Salarios fragmentados y propuestas de pago con órdenes de compra
El panorama de precarización denunciado por los trabajadores describe un escenario que excede la actual coyuntura del cierre. Los representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) manifestaron que el personal de la firma arrastra más de un año y medio percibiendo sus remuneraciones mensuales de manera fragmentada, en esquemas que en ocasiones llegaron a fraccionarse en ocho o nueve pagos menores.
A este cuadro de atrasos recurrentes se sumaron, en las últimas horas, propuestas alternativas por parte de la empresa que profundizaron el malestar gremial. Entre las alternativas acercadas por la administración de Granja Tres Arroyos para regularizar los pasivos se incluyó la posibilidad de abonar deudas salariales mediante el uso de órdenes de compra y tickets canasta, además de diferir la normalización total de las actividades productivas de la planta hasta el año 2027.
Las bases sindicales consideraron abusivos estos condicionamientos, argumentando que la empresa busca quebrar la unidad de los trabajadores aprovechando la vulnerabilidad económica de los hogares. Muchas de las familias afectadas acumulan deudas por servicios básicos y alquileres ante la imposibilidad de contar con ingresos previsibles.
Los detalles de la convocatoria en la sede de Azopardo
La decisión de nacionalizar las demandas se consolidó tras una comitiva que viajó a Entre Ríos integrada por Cristian Jerónimo, integrante del secretariado nacional de la CGT, y Maia Volkovisky, secretaria de Derechos Humanos de la organización central. Durante el encuentro, los dirigentes nacionales recibieron los informes técnicos de los secretarios generales del Sindicato de la Industria de la Carne, Sergio Vereda, y del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, Julio Chamorro y Albano Gómez.
"Apremia el tiempo, no nos podemos relajar. Esta situación requiere una intervención inmediata de todos los actores porque está en juego el sustento de una región entera", señaló Cristian Jerónimo tras finalizar las asambleas vecinales.
La mesa sectorial que sesionará en Buenos Aires buscará articular no solo a las federaciones nacionales de la Carne, la Alimentación y los estibadores rurales, sino que también incorporará de manera abierta a legisladores nacionales de distintas fuerzas políticas y a funcionarios de los ministerios productivos. La meta principal es constituir un bloque de presión institucional unificado que obligue a la firma a presentar sus estados patrimoniales reales ante las autoridades competentes.
Impacto en la cadena productiva y el mercado interno
La planta de Concepción del Uruguay representa un eslabón estratégico para el abastecimiento de la cadena cárnica y aviar de la Argentina. Al tratarse de la mayor firma del sector en el ámbito doméstico, la inactividad prolongada repercute de forma directa en el precio final de los productos de consumo masivo en el mercado interno y paraliza contratos de exportación clave en un momento de necesidad de divisas.
La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos intentó mediar en sucesivas audiencias conciliatorias sin lograr que los representantes legales de la compañía flexibilizaran su postura o acercaran propuestas de pago en efectivo. Por este motivo, el traslado de la discusión al ámbito porteño cuenta con el aval político de diversos sectores de la provincia, que ven con preocupación la pérdida definitiva de uno de los principales motores de empleo privado del territorio entrerriano.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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