Rosario comenzará este lunes una transformación profunda en su sistema penal al poner en marcha el primer juicio por jurados de su historia, un proceso donde doce ciudadanos comunes tendrán la responsabilidad de dictaminar la culpabilidad o inocencia de un acusado de femicidio.
El cambio de paradigma en la justicia de Santa Fe
La llegada de los tribunales populares representa el giro más drástico en la administración de la justicia santafesina desde la reforma procesal penal de 2014. El tradicional esquema donde los jueces profesionales dictaban las sentencias cede terreno, en casos de extrema gravedad, a la evaluación de la propia comunidad. Para esta oportunidad fundacional, el Poder Judicial seleccionó un expediente calificado como violencia de género, un delito que genera un fuerte impacto social en la región y que pondrá a prueba la eficacia operativa del nuevo mecanismo.
La Oficina de Gestión Judicial dispuso un esquema de estricta reserva en torno a los datos de la causa con el objetivo explícito de blindar a los integrantes del tribunal popular. No se han suministrado las identidades del imputado ni de la víctima, como tampoco las fechas o las circunstancias geográficas en las que ocurrió el crimen. Esta determinación busca neutralizar cualquier tipo de interferencia mediática o presiones externas que puedan contaminar la imparcialidad de los ciudadanos durante las audiencias de producción de prueba.
Cómo funciona el tribunal popular y la deliberación
El cuerpo del jurado quedó conformado mediante un riguroso proceso de selección y sorteo público que contempló criterios de paridad de género, quedando integrado por seis hombres y seis mujeres, además de los miembros suplentes. Estos civiles tienen la obligación de asistir a cada jornada de debate de manera presencial, donde escucharán las declaraciones de los testigos, los informes de los peritos forenses y las estrategias argumentativas que desplegarán tanto el Ministerio Público de la Acusación como la defensa técnica del imputado.
"El veredicto del jurado popular debe circunscribirse exclusivamente a declarar al acusado como culpable o no culpable", explicaron fuentes judiciales vinculadas a la organización del proceso. La normativa vigente en Santa Fe establece que los ciudadanos no tienen la facultad de fijar los años de prisión ni la calificación legal técnica del delito. En caso de arribar a una resolución de culpabilidad, el debate pasará a una segunda instancia regulatoria donde el juez técnico, un magistrado de carrera que coordina el debate, determinará el monto de la pena aplicable según el Código Penal.
La mirada de las organizaciones y el debate sobre la perspectiva de género
El inicio del debate oral coincide con un escenario de alta sensibilidad y demandas colectivas en materia de seguridad y derechos humanos en el sur provincial. Agrupaciones feministas y organizaciones civiles de Rosario manifestaron que la elección de un femicidio para inaugurar este sistema añade una carga de responsabilidad institucional prioritaria. Las referentes comunitarias coinciden en que el desarrollo de este litigio debe incorporar de manera obligatoria las directrices de la perspectiva de género, garantizando el respeto a la memoria de la víctima y el derecho a la verdad para sus familiares.
El seguimiento institucional sobre las jornadas de debate será exhaustivo por parte del Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados y diferentes cátedras de Derecho Penal de las universidades locales. La experiencia rosarina se toma como el laboratorio definitivo para consolidar el despliegue de los jurados populares en los restantes nodos judiciales de la provincia, como Santa Fe Capital, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista. El resultado metodológico y logístico de esta semana marcará el ritmo de las futuras causas por delitos graves contra las personas que esperan su turno en la agenda de los tribunales de la provincia.
De acuerdo con información difundida por: La Capital
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