Echaron por "ñoqui" a un exfuncionario en Neuquén que buscaba una jubilación de privilegio
El gobierno de Neuquén exoneró a un exdirector provincial tras comprobarse que no asistía a trabajar, mientras tramitaba un millonario retiro especial.
El Ministerio de Jefatura de Gabinete de la provincia de Neuquén oficializó la destitución de un exfuncionario de la planta permanente estatal tras una investigación interna que confirmó sistemáticas inasistencias injustificadas. El agente, que llegó a ocupar cargos de alta jerarquía en administraciones anteriores, se encontraba en pleno proceso para acceder a una jubilación de privilegio, un beneficio que ahora quedó bajo la lupa de la administración pública.
La medida se tomó mediante un decreto firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, en el marco de un plan de ordenamiento del Estado que busca detectar irregularidades en el cumplimiento de tareas y el cobro de haberes. El caso generó fuertes repercusiones políticas en la región patagónica debido al estatus del implicado y los montos económicos en juego.
Las razones detrás de la exoneración estatal
La investigación administrativa comenzó a finales del año pasado, luego de que las direcciones de Recursos Humanos detectaran anomalías en los registros de presencialidad del exdirector. Según consta en el expediente sancionatorio, el exfuncionario no se presentó a su puesto de trabajo de manera continua durante más de 120 días hábiles, sin presentar certificados médicos ni justificaciones válidas.
La figura aplicada fue la de exoneración, la sanción más severa que prevé el estatuto del empleado público neuquino. Esto implica no solo la pérdida inmediata del empleo actual, sino también la prohibición de volver a ejercer cargos públicos en el ámbito provincial por un período de diez años.
Durante el período de ausentismo, el exfuncionario continuó percibiendo sus haberes mensuales de forma normal, los cuales correspondían a una categoría alta dentro del escalafón estatal debido a su antigüedad y a los roles políticos que había desempeñado de manera interina.
El freno a una jubilación de privilegio millonaria
El agravante que transformó este caso de ausentismo en un escándalo político es el trámite previsional que el exdirector llevaba adelante en el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). El sancionado buscaba acogerse a un régimen de retiro especial destinado a exfuncionarios de la planta política, el cual le garantizaba un haber mensual significativamente superior al de un jubilado promedio.
Fuentes oficiales confirmaron que el beneficio solicitado superaba los tres millones de pesos mensuales a valores actuales. Con la firma del decreto de exoneración, el Poder Ejecutivo provincial notificó formalmente al ISSN para que suspenda de manera inmediata el otorgamiento del beneficio, argumentando la pérdida de la condición de agente público en actividad por causas de mala conducta.
"La provincia no va a sostener privilegios para quienes no cumplen con sus obligaciones básicas", señalaron desde el entorno del Ministerio de Jefatura de Gabinete, remarcando que se iniciarán acciones legales para intentar recuperar los salarios abonados durante los meses en que el sancionado no prestó servicios.
El impacto político del ordenamiento institucional
La destitución del exdirector se da en un contexto de fuerte ajuste fiscal y revisión de los contratos estatales en Neuquén. Desde el cambio de gestión, el Ejecutivo provincial implementó un sistema de control biométrico de asistencia en las dependencias públicas que permitió identificar un alto porcentaje de ausentismo en ministerios clave.
El caso reactivó el debate sobre los regímenes especiales de jubilación en las provincias patagónicas, muchas de las cuales arrastran déficits estructurales en sus cajas previsionales. La opinión pública local y los gremios estatales mantuvieron posturas dispares: mientras los sectores ciudadanos apoyaron la medida, algunas representaciones sindicales exigieron que se garantice el debido proceso para evitar persecuciones políticas.
El gobierno neuquino adelantó que este es el primero de una serie de expedientes que se resolverán en las próximas semanas. Se estima que existen alrededor de cincuenta casos bajo auditoría severa por razones similares, lo que podría derivar en nuevas bajas en la administración pública provincial antes de que finalice el año en curso.
De acuerdo con información difundida por: Google Noticias
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