Frente a la caída del empleo metalúrgico, las multinacionales acuícolas aceleran inversiones de US$ 400 millones en la Patagonia, impulsadas por la nueva Ley de Acuicultura y bajo el rechazo de las organizaciones civiles.
El modelo productivo de Tierra del Fuego atraviesa una reconversión forzada y conflictiva. La severa crisis que afecta al polo electrónico de Río Grande, profundizarse por la apertura de importaciones y la reducción de aranceles dispuesta por el Gobierno nacional, aceleró el desembarco de las grandes corporaciones salmoneras en el extremo sur del país. Amparadas en la reciente reforma legislativa que derogó la prohibición de esta actividad a escala industrial, capitales chilenos y noruegos proyectan desembolsar cerca de US$ 400 millones en infraestructura acuícola, un movimiento estratégico que el sector privado defiende como una salida laboral urgente pero que la comunidad científica y las organizaciones ambientalistas denuncian como un riesgo ambiental irreparable.
La crisis del sector tecnológico y textil local actúa como el principal catalizador de esta transformación económica. De acuerdo con los registros de las cámaras empresariales y sindicatos de la isla, el parque fabril de Río Grande sufrió una drástica contracción, pasando de albergar 16.000 operarios registrados a sostener menos de 6.500 puestos en el último año. Compañías líderes como Mirgor y Newsan debieron ejecutar suspensiones masivas y recortes de personal debido al desplome del consumo interno y el desarme gradual del régimen de promoción industrial, forzando a la administración provincial a buscar alternativas de exportación que dinamicen las alicaídas arcas fiscales de la región austral.
El fin de la veda legal y la irrupción de los capitales globales
La base jurídica que habilitó este drástico giro comercial se consolidó tras una ajustada votación en la Legislatura fueguina, donde se aprobó la Ley de Acuicultura N° 1601. Esta norma sustituyó a la histórica ley sancionada en 2021, que limitaba la producción de salmónidos a un esquema estrictamente artesanal de 50 toneladas anuales para consumo local. Con el nuevo marco regulatorio, la actividad ya no posee topes de volumen y queda habilitada en la mayor parte de la plataforma marítima del norte de la isla, manteniendo únicamente restricciones de instalación en las aguas del Canal de Beagle y en el área natural protegida de Península Mitre.
"La habilitación para producir salmones a gran escala significa la entrada de capitales globales a una zona con ventajas comparativas únicas en el Atlántico Sur", destacaron voceros del sector empresarial que impulsan los proyectos de inversión. Las proyecciones oficiales estiman que el desarrollo de las megafactorías salmoneras podría generar entre 4.000 y 4.500 puestos de trabajo directos e indirectos en su etapa de máxima expansión, una promesa que el gobierno de Gustavo Melella utiliza para amortiguar el impacto del industricidio que afecta a las localidades del norte provincial.
Sin embargo, las estimaciones de empleo directo son cuestionadas por especialistas en desarrollo técnico. A diferencia de las plantas textiles y metalúrgicas que demandan un uso intensivo de mano de obra en sus líneas de montaje, la salmonicultura moderna opera bajo esquemas de alta automatización y monitoreo remoto. Informes del sector a nivel internacional advierten que una planta acuícola promedio requiere hoy apenas el 20% del personal que utilizaba en la década de 1980, lo que relativiza la capacidad real del sector para absorber a los miles de obreros metalúrgicos desocupados que dejó la parálisis tecnológica.
El impacto ambiental bajo la lupa de los expertos
El desembarco de las salmoneras reactivó las alarmas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y de agrupaciones vecinales como la Asociación Mane’kenk, quienes denuncian que las jaulas en aguas abiertas representan una amenaza directa para el frágil ecosistema subantártico. Los antecedentes de la industria en el sur de Chile operan como un espejo incómodo: el hacinamiento de millones de peces exóticos provoca el escape continuo de ejemplares que depredan la fauna autóctona, además de requerir un uso masivo de antibióticos y productos químicos que alteran los nutrientes marinos.
Los biólogos locales advierten que los residuos orgánicos derivados de las deyecciones de los salmones y el alimento no consumido se depositan en el fondo del mar, generando zonas de anoxia donde la vida marina desaparece por falta de oxígeno. Este fenómeno, sumado al calentamiento global, potencia la aparición de floraciones algales nocivas conocidas como marea roja, una toxina que paraliza las actividades de la pesca artesanal y destruye el capital turístico que define la identidad de Ushuaia como la puerta de entrada a la Antártida.
Ante el fuerte rechazo social, el debate técnico se traslada ahora hacia las modalidades de producción alternativas. Mientras las corporaciones presionan para instalar el sistema tradicional de redes flotantes en el mar debido a sus bajos costos operativos, sectores intermedios exigen la implementación obligatoria del Sistema de Recirculación Acuícola (RAS), una tecnología que realiza la cría completa de los peces en tanques cerrados sobre tierra firme, minimizando el volcado de contaminantes al océano pero requiriendo un nivel de inversión inicial significativamente mayor que ralentizaría los plazos de ejecución de las empresas.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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