El conflicto judicial acorrala a Llaryora y obliga a una millonaria oferta salarial
Tras cuatro meses de paros y movilizaciones que paralizaron los tribunales de Córdoba, el Poder Ejecutivo provincial intervino de urgencia para destrabar la negociación y evitar el colapso administrativo del sector.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se vio forzado a romper la rigidez de su pauta fiscal y habilitar una mesa de negociación directa con el sector judicial.
La convocatoria oficial, dispuesta por el ministro Julián López a través de la Secretaría de Trabajo, alteró los planes del Centro Cívico, que intentaba mantener el conflicto encapsulado dentro del presupuesto del Poder Judicial. Sin embargo, la acumulación de expedientes demorados, las protestas callejeras y el descontento de magistrados y empleados obligaron al Poder Ejecutivo a buscar un auxilio financiero inmediato para contener el frente gremial.
Cuatro meses de protestas y paros progresivos en Tribunales
El malestar en los tribunales cordobeses se transformó en un problema político de primera magnitud para la gestión provincial. La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial llevó adelante un esquema de paros escalonados de 60 horas en la capital y hasta 72 horas en las sedes del interior, complementados con masivas marchas hacia el Palacio de Justicia y el Centro Cívico. Esta dinámica afectó los plazos procesales y limitó la atención al público a guardias mínimas indispensables.
"El diálogo lo venimos pidiendo desde el día uno. Venimos reclamando una recomposición salarial real y hasta ahora no habíamos tenido una respuesta concreta", aseguró Federico Corteletti, secretario general del sindicato judicial. El dirigente gremial vinculó la reciente citación de las autoridades a la persistencia y masividad de las protestas, señalando que el esquema actual carece de convenios o paritarias fijas que ordenen las discusiones periódicas.
El descontento de los trabajadores se agudizó tras la sanción de la Ley de Equidad Previsional a fines del año pasado. Esta normativa declaró la emergencia económica del sistema previsional público por un plazo de cinco años, incrementando las alícuotas de aportes para los agentes activos y modificando el cálculo de la movilidad jubilatoria. Bajo la consigna de que la ley representa un ajuste encubierto, los judiciales endurecieron su postura exigiendo compensaciones directas en el salario básico.
El impacto económico y las paritarias de la administración pública
La encrucijada de Llaryora radica en el impacto presupuestario que demandará la resolución del conflicto. La flexibilización de los fondos para los judiciales se da en un contexto delicado, luego de que el Gobierno provincial firmara acuerdos salariales con otros sectores clave de la administración pública, como el Sindicato de Empleados Públicos, que convalidó incrementos fijos superiores al 40%. La pretensión de los judiciales apunta a un esquema de equiparación progresiva con los haberes de la Justicia Federal, una meta que colisiona con las pautas de austeridad del Panal.
Fuentes del Ejecutivo provincial admiten que la resolución del conflicto judicial requiere partidas presupuestarias complementarias que no estaban previstas originalmente para el primer semestre. El temor oficial es que una oferta excesivamente generosa reabra las discusiones con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba y el sector de la salud pública, cuyos acuerdos se encuentran atados a la evolución de la recaudación y los índices de inflación locales.
El plano político también incluye una inédita tensión con la magistratura. Diversos jueces de primera y segunda instancia manifestaron su disconformidad mediante recursos administrativos ante el recorte de partidas destinadas al funcionamiento diario de las sedes del interior y las demoras en las coberturas de vacantes. Este escenario transformó un reclamo netamente salarial en una discusión estructural sobre la autonomía financiera del Poder Judicial cordobés.
El camino hacia la tregua y las proyecciones presupuestarias
La primera reacción del gremio ante la convocatoria ministerial fue decretar un cese temporal de las medidas de fuerza drásticas, abriendo un compás de espera supeditado a la calidad de la propuesta económica que acerquen los delegados del gobernador. Desde el sindicato advirtieron que, de no mediar un ofrecimiento que compense la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y el impacto de los mayores aportes jubilatorios, las asambleas de base reactivarán el plan de lucha de manera inmediata.
La parálisis judicial impacta de manera directa en la actividad económica y profesional de la provincia, afectando el cobro de tasas, las transferencias de inmuebles, los fueros laborales y las resoluciones comerciales de las empresas. El desafío de Martín Llaryora pasa ahora por calibrar una propuesta lo suficientemente atractiva para devolver la normalidad a los tribunales, sin descuidar el equilibrio de las cuentas públicas en un año marcado por la caída de los giros de fondos nacionales.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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