Un financista imputado en la causa que investiga el presunto cobro de coimas para autorizar importaciones a través del sistema SIRA declaró como arrepentido ante la Justicia. En su testimonial, detalló el esquema operativo de la organización, identificó a los exfuncionarios que lideraban la estructura y aseguró que el expresidente Alberto Fernández estaba al tanto de las maniobras de recaudación ilegal.
El circuito de las coimas y los nombres clave en la Secretaría de Comercio
La declaración del financista, cuya identidad se mantiene bajo estricta reserva dentro del régimen de imputado colaborador, aportó precisiones sobre el funcionamiento interno de la Secretaría de Comercio durante la gestión anterior. Según el testimonio judicial, el mecanismo consistía en exigir un porcentaje de entre el 10% y el 15% del valor de las operaciones de importación a cambio de destrabar las solicitudes del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).
El imputado describió una estructura piramidal en la que colaboradores directos de la conducción económica de ese período se encargaban de contactar a las empresas urgidas por insumos. Aquellas compañías que no accedían al pago del peaje ilegal sufrían el bloqueo sistemático de sus pedidos en la plataforma digital, lo que paralizaba su cadena de producción. El dinero, de acuerdo con el relato, se movía en efectivo a través de cuevas financieras del microcentro porteño antes de ser distribuido a los cuadros políticos.
La presunta responsabilidad de Alberto Fernández y el destino de los fondos
El punto de mayor impacto político en la declaración del financista radica en el señalamiento directo hacia la cúspide del Poder Ejecutivo de ese entonces. El arrepentido afirmó ante el juez y el fiscal de la causa que las decisiones de reactivar o congelar los expedientes más voluminosos no se tomaban de manera aislada en las oficinas de Comercio, sino que formaban parte de un engranaje institucionalizado.
"El presidente Alberto Fernández sabía todo lo que pasaba con las SIRA; el sistema de recaudación estaba validado desde lo más alto para financiar la estructura política y los retornos eran diarios", sostuvo el financista en el acta judicial.
El testigo describió reuniones específicas y mensajes cruzados que comprometen a secretarios de Estado y coordinadores de área. Según su versión, existían listados paralelos donde se clasificaba a los importadores en "aptos" o "frenados", dependiendo de su nivel de cumplimiento con los pagos exigidos. Esta dinámica permitía un flujo constante de divisas paralelas en un contexto de extrema escasez de reservas en el Banco Central.
El impacto económico del sistema SIRA en el sector empresarial
El expediente judicial acumula decenas de denuncias de pequeñas y medianas empresas que se vieron obligadas a suspender personal o cesar operaciones por la imposibilidad de ingresar mercadería al país de forma legal. La discrecionalidad del sistema SIRA no solo afectó el normal abastecimiento de la industria, sino que generó una brecha competitiva artificial a favor de las firmas que presuntamente aceptaron participar del circuito de retornos.
Investigaciones previas de auditoría interna y peritajes informáticos sobre los servidores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya habían detectado inconsistencias graves en los criterios de aprobación de las licencias. Mientras que solicitudes de insumos médicos críticos permanecían archivadas durante meses, expedientes de bienes suntuarios o productos terminados sin prioridad industrial obtenían el visto bueno en menos de 48 horas, lo que respalda la hipótesis del direccionamiento mediante dádivas.
Los antecedentes de la causa y los próximos pasos de la Justicia
La causa penal se inició a partir de una serie de auditorías ordenadas por la actual administración y por denuncias particulares de cámaras empresariales que se negaron a convalidar el mecanismo de extorsión. Hasta el momento, el juzgado federal a cargo ha ordenado más de una docena de allanamientos en oficinas públicas, domicilios particulares y entidades financieras vinculadas a los sospechosos.
Con los nuevos datos aportados por el financista arrepentido, la fiscalía evalúa citar a indagatoria a los exfuncionarios mencionados y ordenar el cruce de llamados telefónicos para verificar los contactos en las fechas clave señaladas por el testigo. El avance de la investigación apunta ahora a determinar la ruta del dinero y corroborar si los fondos remanentes fueron desviados hacia el exterior o invertidos en bienes raíces locales a través de testaferros.
De acuerdo con información difundida por: Google Noticias
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