A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el Tribunal Oral Federal de Corrientes inició el debate contra 17 imputados en medio de fuertes cruces entre la fiscalía y las defensas, pedidos de detención inmediatos y gestos desafiantes entre los principales sospechosos.
A dos años exactos de la última vez que fue visto el niño de cinco años en el paraje rural Algarrobal, el proceso judicial que busca determinar qué ocurrió en la localidad de 9 de Julio se puso en marcha en la capital provincial. Las audiencias se desarrollan bajo un estricto operativo de seguridad en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. La primera jornada estuvo marcada por la lectura de las acusaciones, planteos de nulidad y una sorpresiva declaración de rebeldía que obligó a un cuarto intermedio.
El tribunal integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco comanda un debate extenso que cuenta con cerca de 200 testigos citados y una causa voluminosa que supera los 90 cuerpos de expediente. La fiscalía, representada por Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, intentará probar las responsabilidades en una trama dividida en dos estructuras delictivas: los presuntos autores de la captura del menor y la red que desplegó maniobras posteriores para desviar la investigación.
Los siete imputados por la sustracción y el ocultamiento del menor
El núcleo principal de la acusación se concentra en el grupo que participó del almuerzo del 13 de junio de 2024 en la casa de la abuela de la víctima. Para el Ministerio Público Fiscal, existió una acción coordinada encuadrada en el delito de sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años, una calificación que contempla penas que van desde los 5 hasta los 15 años de prisión.
En este primer bloque figuran como coautores materiales Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía de Loan), la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el exmarino Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica del Carmen Millapi. Todos ellos llegaron al juicio bajo prisión preventiva y custodiados con un severo dispositivo que incluyó el uso de chalecos antibalas dentro de la sala de audiencias.
La acusación sumó un fuerte componente institucional al señalar al excomisario Walter Adrián Maciel como partícipe necesario. Según la lectura formal de los cargos realizada durante la tarde, la fiscalía sostiene que Maciel ordenó falsificar el horario de salida del primer móvil policial con el objetivo deliberado de alterar la línea de tiempo inicial y facilitar el ocultamiento del menor, consolidando la sospecha de una cobertura estatal en los primeros momentos de la búsqueda.
Maniobras de encubrimiento y un insólito pedido de disculpas por Zoom
El segundo grupo de imputados está compuesto por diez personas acusadas de haber intervenido en maniobras destinadas a frustrar, alterar o entorpecer el expediente. De acuerdo con la reconstrucción judicial, este sector operó bajo el paraguas de una supuesta fundación social y retuvo de forma ilegal a testigos clave, entre ellos a menores de edad y familiares directos como Macarena y Camila, para condicionar sus declaraciones ante las autoridades.
La controversia mayor de la jornada inaugural la protagonizó el psicólogo Esteban Federico Rossi Colombo. Declarado en rebeldía a primera hora por no presentarse en los tribunales, provocó que el fiscal Schaefer solicitara la detención inmediata de todos los acusados que llegaron al proceso en libertad para evitar el riesgo de fuga. El tribunal rechazó la petición luego de que Rossi Colombo se conectara de manera remota mediante la plataforma Zoom pasadas las 15 horas. Su justificación ante los magistrados fue que "no tenía plata" para costear el traslado desde Tucumán ni para designar una defensa particular, lo que generó airadas quejas del resto de los abogados defensores por presuntos privilegios procesales.
El único detenido de este segundo bloque es Nicolás Gabriel Soria, conocido en el expediente como “el americano”, a quien la justicia ubica como el presunto líder de la organización que coordinó el aislamiento de los testigos en un hotel de la zona durante los días más críticos de la investigación.
Tensión en la sala y gestos cruzados entre los detenidos
El quiebre de la formalidad jurídica se evidenció de forma clara durante los cuartos intermedios. Al ingresar al recinto, Carlos Pérez y María Victoria Caillava se sentaron uno al lado del otro, separados por pocos centímetros de Laudelina Peña, y se dieron un beso frente a los familiares y el público presente, un gesto que provocó murmullos de desaprobación en la sala.
La tensión aumentó cuando un grupo de activistas de derechos de la infancia exhibió un cartel con el rostro de Loan y la inscripción “No me olviden” a metros del banquillo de los acusados. Ante el reclamo visual, Pérez realizó un ademán con su mano deslindando responsabilidad y señaló directamente hacia la posición del excomisario Maciel. Este último, lejos de llamarse a silencio, respondió al cartel con una sonrisa que las organizaciones presentes interpretaron y denunciaron de inmediato como una provocación hacia la familia de la víctima.
El cronograma fijado por el tribunal contempla audiencias continuas durante esta semana, para luego adoptar un esquema fijo de debates los días miércoles y jueves de cada semana. Se estima que la producción de la prueba y el desfile de los casi 200 testigos extenderán el juicio por un período mínimo de cuatro meses, en un intento definitivo por esclarecer el destino del niño cuya ubicación sigue siendo una incógnita.
De acuerdo con información difundida por: Google Noticias
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.