El Gobierno boliviano desplegó un masivo operativo de fuerzas conjuntas para despejar los accesos clave a La Paz, cercados por protestas que provocaron desabastecimiento.
La administración del presidente Rodrigo Paz ordenó una intervención de gran escala que movilizó a unos 2.500 agentes policiales y 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Bajo el nombre oficial de "Corredor humanitario", la misión conjunta apuntó a romper el cerco que mantiene aislada a la sede de Gobierno y reactivar el suministro crítico de insumos.
La intervención estatal derivó en graves enfrentamientos directos en localidades estratégicas del altiplano como Calamarca y Achica Arriba. Los manifestantes resistieron el avance de los uniformados con la quema de neumáticos, barricadas de piedras y detonación de explosivos, mientras las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos para liberar el tránsito de los camiones varados.
El vocero de la oficina presidencial, José Luis Gálvez, ratificó que el objetivo central de este operativo era asegurar el ingreso inmediato de medicinas, combustibles y alimentos a La Paz. Aunque las autoridades manifestaron satisfacción por el ingreso de los primeros cargamentos pesados, el repliegue parcial de los uniformados tras 12 horas de maniobras reactivó de forma inmediata varios de los focos de protesta.
Desabastecimiento y crisis económica extrema
Las protestas, que inicialmente se concentraron en demandas sectoriales, escalaron de manera drástica debido a la compleja situación financiera del país. Sectores obreros, campesinos, maestros e indígenas denuncian una pérdida brutal del poder adquisitivo y la falta de insumos esenciales de producción.
La raíz del descontento social se profundiza por la escasez estructural de divisas que afecta a los mercados locales y la paralización del transporte de carga internacional. Las estadísticas macroeconómicas reflejan este impacto, registrando una inflación interanual que alcanzó el 14% durante el último mes de abril, la cifra más preocupante en cuatro décadas para la economía boliviana.
El impacto civil se agravó en las últimas jornadas debido a las restricciones que sufrieron los camiones cisterna de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El bloqueo de vías impidió el suministro fluido hacia las aeroplantas, poniendo en riesgo la operatividad técnica del mercado aeronáutico local y la conectividad del aeropuerto de El Alto.
Acusaciones de desestabilización política
El ministro de Gobierno y las autoridades de seguridad nacional denunciaron de forma sistemática la existencia de un trasfondo político coordinado detrás de los piquetes viales. Desde el Ejecutivo se apuntó a un presunto plan de desestabilización que busca forzar una interrupción anticipada del mandato del presidente Paz, quien asumió la jefatura de Estado en noviembre de 2025.
"El objetivo central de este operativo era tener estos insumos de manera inmediata en nuestra ciudad. Estamos más que satisfechos", aseguró José Luis Gálvez ante los medios nacionales respecto del avance de las fuerzas viales. Sin embargo, el funcionario evitó dar precisiones sobre la sostenibilidad de la apertura de rutas en el mediano plazo.
La contraparte sindical, liderada por comités de base y sectores de la Central Obrera, rechazó formalmente las acusaciones oficiales de sabotaje institucional. Los dirigentes manifestaron que las medidas de fuerza continuarán vigentes hasta que se formalice un programa económico de emergencia y se dejen sin efecto las reformas constitucionales impulsadas por el oficialismo.
Detenciones masivas e impacto humanitario
La Defensoría del Pueblo de Bolivia emitió un balance de urgencia que confirmó la detención formal de 57 personas durante el desarrollo de la incursión policial y militar. Los reportes de los equipos médicos desplegados en la zona de conflicto también dieron cuenta de al menos cinco heridos de gravedad producto del impacto de proyectiles y gases.
La escalada de violencia en la periferia de La Paz encendió las alertas de organismos internacionales dedicados al monitoreo de los derechos humanos en la región. Las misiones de observación exhortaron a los canales políticos del país a encauzar el conflicto mediante instancias de concertación real que prioricen la seguridad civil.
Con más de 20 puntos de bloqueo remanentes reportados por la Administradora Boliviana de Carreteras, el abastecimiento de los centros comerciales y mercados populares continúa bajo una severa condición de intermitencia. El éxito del esquema de corredores humanitarios gubernamentales enfrenta el desafío inmediato de un recrudecimiento de las medidas de fuerza en las rutas troncales del país.
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