El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ratificó la urgencia de endurecer las leyes penales tras la nueva detención de un joven que, siendo menor e imputable en 2024, cometió múltiples homicidios en Rosario y recientemente fue atrapado portando un arma de fuego.
La reincidencia de un menor no punible en Rosario
El escenario de violencia que golpeó a Rosario durante el primer trimestre de 2024 volvió a instalarse en el centro del debate político y judicial. El disparador de la discusión fue la recaptura de un adolescente que, en marzo de aquel año, ejecutó a sangre fría al playero Bruno Bussanich mientras trabajaba en una estación de servicio, además de estar implicado en los asesinatos de dos taxistas. En ese momento, debido a las limitaciones de la legislación vigente en materia de minoridad, el joven fue considerado no punible y recuperó la libertad.
La situación dio un giro en las últimas horas cuando efectivos de la policía provincial interceptaron al mismo joven en la vía pública. Al momento de la requisa, el sospechoso portaba un arma de fuego apta para el disparo. Al haber alcanzado ya la edad legal de punibilidad, la Justicia dispuso de forma inmediata su prisión preventiva, evitando que el episodio terminara en un nuevo ataque. El arresto fue el argumento clave que las autoridades provinciales utilizaron para ejemplificar las fallas del sistema y justificar la necesidad de cambios estructurales.
El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, fue el primero en dar precisiones sobre el operativo a través de sus canales oficiales. El funcionario remarcó el peligro latente que representaba la libertad de este individuo y confirmó que la detención se produjo antes de que se registraran nuevas víctimas. El caso reavivó los reclamos del Ejecutivo santafesino hacia los legisladores para dotar a las fuerzas de seguridad y a los fiscales de mayores recursos normativos.
El reclamo de Pullaro por la baja en la edad de imputabilidad
El gobernador santafesino utilizó sus redes sociales para fijar una postura firme y respaldar el accionar policial, vinculando directamente la detención con su agenda de reformas. El mandatario insistió en que el combate contra las organizaciones criminales requiere un cambio de paradigma legal, especialmente en lo referido a los delitos graves cometidos por menores de edad.
"El gobierno de Santa Fe viene haciendo un gran esfuerzo para cuidar a los santafesinos. Rosario está recuperando la paz y los espacios públicos, pero no podemos retroceder o ser blandos con quienes matan o están con ar
Pullaro también hizo hincapié en que los esfuerzos policiales cotidianos se vuelven insuficientes si el marco legal no acompaña el proceso posterior a las detenciones. Según la visión del mandatario, la policía cumple con su deber al arrestar a los delincuentes en reiteradas oportunidades, pero las herramientas judiciales actuales facilitan salidas rápidas que desprotegen a la sociedad y diluyen el impacto de las políticas de seguridad.
"Fuimos claros en la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, porque sabemos con lo que nos enfrentamos y tenemos que ser claros en defender medidas que vayan en esa dirección", subrayó el gobernador, sumándose a una discusión que también se debate a nivel nacional respecto al régimen penal juvenil.
El nuevo paquete de leyes para el fortalecimiento de la seguridad pública
La detención del menor coincidió con el ingreso a la Legislatura de Santa Fe de un segundo paquete de reformas normativas impulsado por la gestión de Unidos para Cambiar Santa Fe. Se trata de un proyecto de ley integral denominado “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”, el cual ya comenzó su recorrido parlamentario a través de la Cámara de Diputados.
Esta iniciativa legal contempla once puntos fundamentales que modifican de manera directa el Código Procesal Penal de la provincia, además de reformar varias leyes complementarias. El propósito central del texto es otorgar mayores facultades investigativas tanto a la Policía de Santa Fe como al Ministerio Público de la Acusación (MPA), agilizando los tiempos procesales para evitar dilaciones comunes en las causas de narcocriminalidad.
Entre las medidas más destacadas del proyecto se encuentra la implementación de regímenes de aislamiento estricto para los presos considerados de alto perfil, buscando cortar los vínculos de comunicación entre las cárceles y las calles. Asimismo, contempla la creación de zonas de intervención especiales donde el Estado podrá restringir temporalmente derechos de circulación ciudadana para realizar operativos de saturación. El plan se completa con mecanismos para inhabilitar bienes inmuebles utilizados por bandas narco y una actualización profunda del sistema de recompensas para incentivar la delación de prófugos.
Perspectivas en la lucha contra el crimen organizado
La Casa Gris considera que este conjunto de modificaciones es indispensable para consolidar el descenso de los índices de homicidios que se registró en la ciudad de Rosario durante los últimos meses. No obstante, las autoridades reconocen que la disputa territorial con las organizaciones criminales se encuentra lejos de terminar y que el control de la calle requiere una presencia permanente del Estado.
"Todos debemos saber lo que estamos enfrentando y las herramientas que necesitamos. Estamos demostrando que se los podía hacer retroceder, pero todavía no ganamos: falta mucho y siguen ahí, intentando recuperar el poder que les sacam
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